La compra de una moto eléctrica en España ha sido una tarea llena de obstáculos durante los últimos seis años. Desde que se introdujeron las primeras ayudas con los planes Moves, los usuarios han tenido que adaptarse a una sucesión de cambios en nombres, requisitos y entidades gestoras. El nuevo programa Auto+ pretende cerrar esta etapa y facilitar el acceso a subvenciones de hasta 1.100 euros para motos eléctricas, así como 1.500 euros para microcoches.

Estos beneficios están disponibles solo tras la publicación oficial de la convocatoria definitiva en el BOE, y aunque el fondo total de apoyos dispone de 400 millones de euros, las motocicletas continúan ocupando un lugar secundario dentro del plan en comparación con los turismos. Esta diferencia ha sido una crítica constante dentro del sector.

Los planes Moves nacieron con el objetivo de bajar el precio de adquisición de vehículos eléctricos para acelerar su consolidación, pero el sistema se complicó con el paso del tiempo. La gestión quedó fragmentada entre comunidades autónomas, provocando variaciones en plazos y trámites, y en ocasiones largos meses de espera para recibir el dinero. Además, cada convocatoria modificaba condiciones como las cuantías, los límites de precio o los criterios para acceder a las ayudas, incrementando la complejidad para compradores y concesionarios.

El Auto+ busca poner orden en este desorden administrativo, ofreciendo un cálculo de la ayuda a través de un sistema denominado EEE (Eléctrico, Económico y Europeo). Este sistema reparte la subvención considerando si la moto cumple requisitos eléctricos, su precio y si ha sido fabricada o montada en la Unión Europea, lo que puede elevar la cantidad total percibida.

La empresa española Velca ejemplificó la problemática al lanzar sus propios planes "Velca Moves III" y "Velca Moves IV", adelantando la ayuda directamente al cliente y gestionando después los trámites. Esta iniciativa evidenció que la burocracia del sistema oficial era tan compleja que marcas optaban por crear soluciones propias para facilitar la venta.

En cuanto a las cuantías concretas, las motos eléctricas (categorías L3e, L4e y L5e) pueden recibir hasta 1.100 euros, siempre que el vehículo sea de propulsión 100% eléctrica y su precio no supere los 10.000 euros antes de impuestos. Los microcoches y similares (L6e y L7e) pueden obtener hasta 1.500 euros sin un límite de precio establecido. Además, para autónomos y microempresas que usen estos vehículos profesionalmente, las ayudas pueden alcanzar hasta 2.000 euros.

A estos incentivos se suma una desgravación fiscal del 15% en el IRPF, que puede suponer un ahorro adicional, aunque la ayuda directa se considera ganancia patrimonial y tributa como tal. También es habitual que los ayuntamientos ofrezcan bonificaciones en impuestos como el IVTM para motos eléctricas, y algunas comunidades autónomas lanzan convocatorias complementarias en apoyo a la movilidad sostenible.

Esto implica que adquirir una moto eléctrica en España lleva implícito revisar varias fuentes de ayudas: estatales, fiscales, autonómicas y municipales, lo que añade otra capa de complejidad para el comprador.

El histórico de los planes refleja cómo la evolución ha sido lenta y convulsa. En 2020, el Plan Moves II introdujo una subvención de 750 euros para ciertos modelos eléctricos. En 2021, Moves III aumentó la financiación pero transfirió la gestión a las comunidades autónomas, dificultando la homogeneidad. De 2023 a 2025, la burocracia derivó en retrasos y agotamiento anticipado de fondos, siendo necesario que marcas como Velca crearan sistemas paralelos para mantener el ritmo de ventas. Ahora en 2026, el Auto+ aspira a simplificar y ser retroactivo para compras efectuadas desde el 1 de enero de este año.

A pesar de estos avances, el sector considera que las ayudas aún no reflejan el mercado real. La asociación Anesdor señala que los ciclomotores eléctricos, fundamentales para la movilidad urbana, quedan excluidos, y que el tope de precio limita el acceso a motos de mayor calidad o potencia. Su secretario general, José María Riaño, insiste en que el enfoque debería ser promover vehículos más seguros y eficientes en lugar de restringir categorías.

Los datos del mercado respaldan este reclamo: mientras en el primer semestre las matriculaciones totales de motocicletas aumentaron notablemente, la tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos de categoría L fue solo del 7,5%, frente al 24,3% en el total del mercado. Esta ralentización en la electrificación pone en evidencia la necesidad de un marco de incentivos más estable y adaptado a la realidad de la moto eléctrica.

Según Anesdor, la falta de incentivos específicos para los vehículos urbanos más populares limita la expansión definitiva de la movilidad eléctrica en dos ruedas, lo que contrasta con la pujanza que experimentan otros segmentos de vehículos eléctricos en España. Además, la complejidad administrativa ha demostrado en estos años ser un freno importante, hecho que el Auto+ intenta corregir con un sistema de cálculo claro y una convocatoria centralizada.

El nuevo programa Auto+ aparece, por tanto, como un intento del Gobierno por consolidar las ayudas a la moto eléctrica tras años de frustraciones, retrasos y sobrecarga burocrática. Sin embargo, el recorrido para lograr un impulso efectivo aún requerirá ajustes para potenciar el vehículo eléctrico en un sector que busca acelerar su transición energética de forma realista y sin exclusiones que limiten su desarrollo.

En definitiva, el Auto+ representa un paso adelante tras seis años de vaivenes, pero la carrera para que la moto eléctrica conquiste el mercado español está lejos de acabarse.