El Ministerio de Economía ha descartado por completo que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asuma el pago de las indemnizaciones por el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Grandes compañías eléctricas como Iberdrola y Endesa habían planteado que el fondo público, adscrito a Economía, cubriera estos costes para evitar litigios prolongados. Sin embargo, desde el Gobierno subrayan que el CCS solo interviene en casos de catástrofes declaradas de fuerza mayor y definidos expresamente por la ley, lo que no incluiría este apagón.
El CCS es un fondo solidario que trabaja de forma subsidiaria a las pólizas privadas, financiado por cuotas a las aseguradoras y reservas como las que alcanzaron tras la DANA de 2024, cuando se declararon catástrofes naturales cubiertas por este mecanismo. Sin embargo, la normativa vigente especifica que no están incluidos eventos como cortes en el suministro eléctrico, incluso cuando estos sean consecuencia de daños cubiertos por el CCS, como indica el artículo 6 del Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios.
El rechazo gubernamental se basa en que la actividad del CCS no es asistencial ni un fondo de solidaridad pública para cubrir cualquier daño económico. Además, precisa que para acceder a su protección debe existir una póliza vigente con recargo específico para riesgos extraordinarios, lo que no ocurre con casos de interrupciones en la energía. Por lo tanto, los daños derivados del apagón deben ser atendidos por los seguros privados o, en ausencia de acuerdo, por vía judicial.
Actualmente, no hay una conclusión definitiva sobre quién fue el responsable del apagón, tras más de un año. Los informes técnicos disponibles son inconclusos y apuntan a causas multifactoriales, lo que complica un acuerdo extrajudicial. Según fuentes consultadas, será en los tribunales donde se diriman eventuales indemnizaciones y culpabilidades, con un proceso que podría prolongarse años y distribuirse entre varios juzgados.
En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado nuevas regulaciones para que las energías renovables contribuyan a evitar apagones futuros. Modificarán procedimientos operativos para que instalaciones de generación y almacenamiento superiores a un megavatio participen en el control de tensiones, actuando como amortiguadores. Esta medida busca mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes masivos.
La CNMC también debe decidir sobre la inclusión definitiva en la factura eléctrica del sobrecoste actual del modo reforzado que se implantó tras el apagón. Por ahora, prevé un análisis exhaustivo, dejando la decisión pendiente para la dirección que tome próximamente Juan José Ganuza. De este modo, las eléctricas deberán esperar para consolidar el mecanismo de compensación en los peajes.
Este escenario refleja la dificultad para repartir responsabilidades y costes tras una interrupción eléctrica de gran magnitud. El Gobierno mantiene que el CCS no puede actuar en este caso, y la resolución final queda en manos de la justicia mientras se implementan medidas para evitar que se repita un apagón similar. Los consumidores afectados deberán revisar sus pólizas privadas para determinar qué daños son cubiertos y bajo qué condiciones.
Según el Ministerio, es vital respetar el marco legal vigente para proteger la estabilidad del sistema de seguros extraordinarios y no derivar responsabilidades automáticamente a fondos públicos sin base normativa. Así, el debate continúa abierto, pero con un marco claro: el CCS no pagará las indemnizaciones por el apagón, a menos que la legislación se modifique o se declare expresamente como un evento previsto.
Para más detalles sobre el CCS y riesgos extraordinarios, puede consultarse la información oficial en el sitio del Ministerio de Economía y normativas, así como las recientes regulaciones de la CNMC.