El Gobierno ha presentado un borrador del nuevo decreto de vivienda que incorpora bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos, en el marco de un acuerdo entre PSOE y Sumar. Este decreto contempla la prórroga extraordinaria de los alquileres que finalicen antes del 30 de junio de 2028, siempre que los inquilinos lo soliciten.

Entre las medidas más relevantes destacan importantes reducciones en el IRPF para caseros que rebajen al menos un 5% el alquiler tras la renovación del contrato. Estas reducciones podrían llegar hasta el 100%, y varían en función de la edad del inquilino y si la vivienda está en una zona declarada como tensionada. Por otro lado, subir los precios de la renta tras la renovación o al arrendar a un nuevo inquilino conllevará un recorte de esas bonificaciones, que podrían descender del 50% habitual hasta un mínimo del 15% en incrementos superiores al 20%.

Para los inquilinos, se recuperan las desgravaciones fiscales, especialmente para jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 24.107,20 euros anuales. La ayuda sería del 10% del total abonado en el alquiler al año, con un máximo de 9.040 euros. Estas medidas buscan aliviar la carga financiera de los jóvenes y mantener la contención en los precios del alquiler.

Sin embargo, la aprobación del decreto se enfrenta a importantes obstáculos políticos. El Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez está intentando consensuar el texto con sus socios de investidura —Junts, PNV y Podemos— pero las discrepancias sobre el alcance y el contenido del decreto complican el acuerdo. Junts rechaza incluir medidas que no comparte en un decreto «ómnibus», mientras que Podemos plantea buscar también el apoyo del PP si se mantiene la reforma de la Ley del Suelo.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha declarado que aún hay margen para llegar a un pacto que satisfaga a los distintos grupos, aunque la negociación sigue siendo compleja. Las tensiones reflejan la dificultad de conciliar incentivos fiscales con políticas de control del alquiler en un mercado que sigue siendo uno de los principales retos de la política española.

Las bonificaciones fiscales para caseros y las ayudas a los inquilinos forman parte de una estrategia para fomentar arrendamientos asequibles y desalentar subidas abusivas en las rentas, especialmente en zonas con alta demanda y precios elevados. A pesar de los avances, el texto deberá superar aún el trámite en el Consejo de Ministros y la ratificación en el Congreso para entrar en vigor.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde la vivienda sigue siendo uno de los temas prioritarios para el Gobierno, buscando equilibrar la protección de inquilinos y la incentivación a propietarios para que mantengan precios razonables. La atención pública está puesta en cómo impactarán estas medidas en el mercado y en la capacidad del Ejecutivo para consolidar el consenso parlamentario.

Para más información, puede consultarse el análisis en Expansión sobre el decreto y las declaraciones oficiales del Ministerio de Vivienda en su página web.