El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida con la que el Ejecutivo calcula que cerca de 500.000 personas en situación irregular podrán obtener autorización de residencia y trabajo, afiliarse a la Seguridad Social, disponer de tarjeta sanitaria y cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro residente en España. El proceso podrá iniciarse de forma telemática a partir del jueves 16 de abril, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y de forma presencial desde el 20 de abril.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como uno de los momentos más relevantes de la legislatura, con una triple base según sus palabras: social, política y económica. El permiso tendrá una vigencia inicial de un año, tras la cual los beneficiarios podrán integrarse en las figuras regulares previstas en el reglamento de extranjería, lo que, según el Gobierno, facilitará una incorporación plena y progresiva al sistema.
Qué cambia respecto al texto original
El Ejecutivo tuvo que modificar el borrador inicial tras recibir el informe del Consejo de Estado, que recomendó endurecer las condiciones relativas a los antecedentes penales. Antes, en los casos en que los documentos no llegaban a tiempo desde el país de origen, bastaba con una declaración voluntaria del solicitante. Ahora, ese certificado es obligatorio. El Gobierno, no obstante, minimiza el impacto de este cambio y se compromete a ayudar a los solicitantes a gestionar esa documentación con sus países de origen cuando surjan dificultades. Según el Ejecutivo, la mayoría de los trámites con administraciones extranjeras se resuelven sin problema y los casos conflictivos son una excepción.
Además de los antecedentes penales, los beneficiarios deberán cumplir otros requisitos, entre ellos acreditar su arraigo en España. Una vez aprobada su solicitud, recibirán un número de afiliación a la Seguridad Social y una tarjeta sanitaria correspondiente a su comunidad autónoma de residencia. El Gobierno ha diseñado un plan operativo específico para gestionar el volumen de solicitudes sin que ello afecte al funcionamiento ordinario de los servicios públicos.
La iniciativa llegó al Parlamento como ILP
La regularización tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por más de seiscientas mil personas y respaldada por cientos de organizaciones sociales, sindicatos y entidades religiosas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó la medida en una carta pública difundida a través de redes sociales, en la que la describió como un acto de normalización que reconoce la realidad cotidiana de casi medio millón de personas que ya conviven en España, trabajan y contribuyen al tejido social y productivo del país.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que la Comisión Europea fue consultada por el Partido Popular en un intento de frenar la medida, pero que Bruselas respondió que se trata de una competencia soberana de España. El aval del Consejo de Estado para tramitarla mediante una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería despejó también los últimos obstáculos legales.
El PP anuncia una ofensiva jurídica y parlamentaria
La principal oposición al decreto viene del Partido Popular, que anunció el lunes una estrategia combinada de acciones jurídicas y parlamentarias para intentar bloquearla. La posición del PP resulta llamativa porque en 2024 el grupo popular votó a favor de la tramitación de la iniciativa en el Congreso de los Diputados. Ahora, la vicesecretaria Alma Ezcurra argumenta que la medida es perjudicial para quienes cumplieron la ley, que puede deteriorar los servicios públicos y que genera un efecto llamada al enviar el mensaje de que la irregularidad tiene recompensa. Los populares defienden que cualquier regularización debe ser individualizada, ligada al empleo y sujeta a criterios estrictos.
Saiz respondió directamente a esa evolución del PP y la vinculó a los acuerdos de los populares con Vox en distintos gobiernos autonómicos, señalando que la patronal, los sindicatos y la propia Iglesia Católica —uno de los grandes promotores de la ILP— siguen respaldando la regularización. La ministra subrayó que son precisamente los sectores productivos quienes llevan años reclamando una solución para trabajadores que ya están integrados en el mercado laboral pero carecen de documentación.
El debate sobre la regularización refleja una tensión de fondo en la política migratoria española: cómo gestionar la situación de cientos de miles de personas que ya forman parte del tejido económico y social del país pero que, sin papeles, quedan fuera del sistema de derechos y obligaciones. El Gobierno apuesta por la regularización masiva como solución estructural; la oposición mayoritaria defiende vías individuales más restrictivas. El resultado de esta medida, y su impacto real en el mercado laboral y los servicios públicos, será uno de los grandes termómetros de esta legislatura.