La Seguridad Social ha completado su paquete de reformas para fomentar que más trabajadores extiendan voluntariamente su vida laboral antes de jubilarse por completo. A partir de 2027, la edad legal de jubilación se situará en 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y medio; quienes superen ese umbral podrán retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión, según el nuevo marco regulatorio.

Estas modificaciones buscan aumentar el tiempo dedicado a la actividad profesional como forma de sostener la viabilidad del sistema público de pensiones, siguiendo el plan del Gobierno para adaptar las reglas a la realidad demográfica y financiera. Así, la Secretaría que encabeza la ministra Elma Saiz ha confirmado que el 69% de los pensionistas accede a la pensión a la edad ordinaria, con una media de retiro que supera ligeramente los 65 años, pero todavía lejos de la edad legal establecida.

Nuevas fórmulas para prolongar la actividad laboral

El texto aprobado regula tres modalidades con incentivos para prolongar la vida laboral tras llegar a la edad de jubilación: la jubilación flexible, la activa y la demorada. Cada una establece requisitos, beneficios y límites específicos para compatibilizar el cobro de la pensión con la percepción de un salario.

La jubilación flexible permite reincorporarse al mercado laboral con empleo a tiempo parcial o como autónomo, pero exige que la jornada laboral esté entre el 33% y el 80% del tiempo completo y que la pensión se reduzca proporcionalmente con la reducción de la jornada. Además, si el pensionista decide volver a trabajar al menos seis meses después de jubilarse, recibirá un plus de hasta un 25% sobre la parte de pensión que le corresponde según la jornada. Esta modalidad prevé la novedosa opción de trabajar como autónomo y cobrar hasta el 25% de la pensión compatible con la actividad por cuenta propia, siempre que no se hubiera estado dado de alta como autónomo en los tres años previos.

La jubilación activa, destinada a quienes mantengan su empleo o inicien uno nuevo tras al menos un año de haberse jubilado, permite cobrar entre un 45% y el 100% de la pensión según los años transcurridos desde la edad legal de retiro, con incrementos anuales del 5%. Esta opción no limita la jornada laboral y puede aplicarse también a autónomos, con beneficios especiales para quienes tengan un empleado indefinido contratado.

Por último, la jubilación demorada premia con un complemento económico a quienes retrasen la solicitud de la pensión más allá de la edad legal, sin compatibilizar salario y pensión simultáneamente. El complemento puede ser un aumento porcentual de la pensión —4% anual y hasta un 2% adicional semestral por prolongar la actividad— o un pago único una vez que se solicite la pensión. Esta fórmula destaca por su impulso para motivar retrasos prolongados en la jubilación.

Contexto y antecedentes de las reformas

Estas medidas complementan la reforma del sistema público aprobada entre 2021 y 2023, que estableció revalorizaciones ligadas al IPC y descartó parámetros más estrictos para el cálculo de la base reguladora, como el aumento del periodo de cómputo de años cotizados. La estrategia ha sido incentivar la prolongación voluntaria del retiro para contener el gasto creciente, mientras brinda fórmulas flexibles para ajustarse a las circunstancias laborales y personales de los pensionistas.

Además, la jubilación parcial se mantiene para quienes quieran iniciar un retiro gradual hasta tres años antes de la edad legal, siempre que demuestren al menos 33 años cotizados y acuerden un contrato de relevo con la empresa, si bien esta modalidad exige determinadas condiciones laborales y respaldo del convenio colectivo.

Con estas reformas, el sistema busca conciliar la sostenibilidad financiera de las pensiones con la posibilidad de que los trabajadores adapten su salida del mercado laboral sin perder ingresos por completo ni renunciar al equilibrio entre trabajo y descanso.

El nuevo real decreto entra en vigor en agosto de 2026, dando un plazo para que empresas, sindicatos y pensionistas se adapten a las nuevas condiciones y para que los agentes sociales implementen las fórmulas más apropiadas a cada caso.

Esta iniciativa también refleja la tendencia europea de fomentar la extensión de la vida laboral ante el envejecimiento poblacional y la presión sobre los sistemas de protección social. La sostenibilidad futura de la pensión depende en buena medida de que un mayor número de trabajadores active su jubilación tardíamente o de forma parcial, como apunta el Banco de España y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En definitiva, el sistema público español incorpora instrumentos más flexibles y con incentivos para quienes decidan compatibilizar ingresos como trabajadores y pensionistas, con el fin último de asegurar la solvencia y adaptarse a una realidad socioeconómica cambiante.