Durante años, la idea de que la precariedad laboral y los bajos salarios son inevitables caló hondo en España. Se asumió que la temporalidad era un rasgo estructural y que, ante cada crisis, era necesario recortar empleo.

Sin embargo, esta visión se basa más en decisiones políticas que en leyes económicas inevitables. Detrás de esa realidad había jóvenes sin posibilidad de emanciparse, familias que apenas llegaban a fin de mes y proyectos personales trastocados por despidos.

España ha demostrado que es posible cambiar este paradigma. En la actualidad, el país crece al doble que la media de la Unión Europea y ha generado el 41% del empleo nuevo de toda la UE. En 2024, hay más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord que refleja oportunidades reales para miles de personas.

Este cambio no se debe solo a la bonanza económica, sino a una intervención activa en el mercado laboral que busca hacerlo más justo y dinámico. Apoyos como los ERTE durante la pandemia evitaron la pérdida masiva de empleos que sufrió la pasada crisis del 2008, cuando España tardó más de una década en recuperarse.

La reforma laboral de 2021 marcó un punto de inflexión en la lucha contra la temporalidad. Antes de la reforma, las tasas de contratos temporales rondaban o superaban el 25%, manteniendo la precariedad alta a pesar del crecimiento económico. Hoy, esa tasa se ha reducido a la mitad, alineándose con la media europea y permitiendo a muchos trabajadores planificar sus vidas con mayor estabilidad.

El aumento del salario mínimo desde 2018 —un crecimiento del 61%— también ha contribuido a la generación de empleo y la mejora de las condiciones laborales, contrariamente a lo que algunos pronosticaban. Este avance ha ayudado especialmente a mujeres, ayudando a reducir la brecha salarial y beneficiando a quienes antes tenían trabajos más inestables.

Además, estas políticas han impulsado una reducción histórica de la desigualdad y un aumento de la productividad empresarial, apuntalando un crecimiento sostenible basado en sectores con mayor valor añadido.

No obstante, persisten retos importantes. La vivienda se ha convertido en la principal fuente de desigualdad, afectando a familias que, a pesar de tener empleo, no pueden acceder a hogares dignos. Para revertir esta situación, es urgente regular el mercado del alquiler, controlar la especulación y desarrollar políticas públicas de vivienda asequible.

Otra problemática laboral sin resolver son las horas extra no remuneradas. Cada semana se contabilizan 2,5 millones de horas extra sin pago. Por eso, el control efectivo del registro de jornada es fundamental para garantizar los derechos de la clase trabajadora.

Estos resultados han surgido tras años de cuestionar las recetas neoliberales que imponían la austeridad y la precariedad como inevitables. España ha demostrado que es posible crecer y crear empleo de calidad si la economía se orienta al bienestar de la mayoría.

Si bien queda mucho por hacer en esta legislatura para seguir mejorando las condiciones de vida de millones de trabajadores, las políticas laborales activas han sentado un precedente positivo y esperanzador para el futuro.

Para ampliar sobre la reforma laboral y su impacto, se puede consultar el análisis de Ministerio de Trabajo. Sobre datos de empleo y afiliación, el SEPE ofrece cifras actualizadas. Además, el INE facilita estadísticas esenciales sobre temporalidad y salarios en España.

Todo indica que el futuro del mercado laboral español dependerá de mantener políticas que prioricen la estabilidad y la justicia social, superando viejos dogmas y reconociendo el esfuerzo de millones de trabajadores.