El Gobierno español ha enviado a la Comisión Europea el 'Informe de Progreso Anual' que confirma que España cumplirá con las reglas fiscales europeas en 2026, aunque con un aumento del gasto público que supera el objetivo previsto. El informe detalla que el crecimiento del gasto computable para ese año se situará en un 4,2% anual, por debajo de los márgenes impuestos por las normas comunitarias pero encima del 3,5% planteado inicialmente en el Plan Fiscal Estructural 2025-2028.
Asimismo, el informe confirma que en 2025 el gasto primario neto creció un 4,5%, dentro de los límites establecidos, aunque también superior a las previsiones del Ejecutivo. En el período 2024-2025, la expansión acumulada del gasto computable fue del 8,7%, un dato que sigue respetando las reglas fiscales y que genera un saldo positivo del 0,2% del PIB en la cuenta de control. Esta cuenta funciona como colchón para compensar desviaciones futuras en el cumplimiento del gasto autorizado.
Un factor clave para esta evolución fue el aumento del gasto en defensa, que representó 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable. España ya alcanzó el objetivo del 2% del PIB en defensa, según las últimas cifras publicadas por la OTAN. Además, en abril de 2025, el Ejecutivo solicitó la activación de la cláusula de escape nacional, una medida de flexibilidad de la Comisión Europea para cubrir los incrementos en gasto en seguridad y defensa, apoyada también por otros 17 países.
Para 2026, el crecimiento acumulado del gasto computable se proyecta en el 13,3%, ambas cifras dentro de los límites del 0,3% y 0,6% del PIB establecidos por la normativa europea. Según el informe, el PIB real mantendrá una tasa de crecimiento del 2,2% para ese año, en línea con las estimaciones prudentes del consenso de analistas públicos y privados.
Sin embargo, la evaluación actual incorpora una revisión al alza de la inflación medida con el deflactor del PIB, que pasará del 2,1% previsto inicialmente a un 3,1%. Este ajuste resulta del cierre estadístico de 2025, cuando la inflación del deflactor se situó en un 2,9%, ligeramente por encima de los pronósticos previos. Estas estimaciones reflejan la persistente incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo y la volatilidad de los mercados energéticos, factores que aconsejan postergar ajustes más amplios del escenario macroeconómico.
En cuanto a las finanzas públicas, el documento anticipa que el déficit se reducirá al 1,5% del PIB en 2026, descontando partidas extraordinarias. Si se incluyen gastos por desastres naturales recientes, la cifra estimada asciende a un 2,1%, aún por debajo del tope marcado en el plan fiscal. También cabe destacar que el superávit primario alcanzaría un 0,9% del PIB sin contar catástrofes y un 0,4% con su inclusión.
Por último, la deuda pública se prevé en un 99,3% del PIB para 2026, superando el foco de estabilización por debajo del 100% y adelantando un año la meta oficial del Gobierno para el final de la legislatura. En paralelo, el informe reporta avances en reformas estructurales consideradas críticas para mantener el ajuste fiscal prolongado a siete años. Entre ellas se cuentan las dos primeras fases de la reforma fiscal, mejoras en acreditación de títulos extranjeros, gestión de incapacidad temporal y programas para viviendas asequibles.
Este escenario fiscal muestra un compromiso mayor con las reglas europeas, aunque la senda de gasto sigue siendo superior a la inicialmente planificada. Las autoridades esperan gestionar estos equilibrios en un contexto complejo marcado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones energéticas, elementos que mantienen un alto nivel de incertidumbre para la economía española.
Más información oficial está disponible en el Ministerio de Economía y en el portal de la Comisión Europea.