Varias grandes compañías eléctricas y aseguradoras están impulsando al Gobierno para que declare el apagón masivo ocurrido en España el 28 de abril de 2025 como un "evento de fuerza mayor". Esta medida permitiría que los costes y compensaciones derivadas de ese corte de luz se cubrieran a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un fondo solidario adscrito al Ministerio de Economía.

La iniciativa surge como respuesta a la ausencia de un culpable claro que explique la causa del apagón, lo que ha generado un bloqueo legal para determinar quién debe asumir las indemnizaciones. La falta de claridad y responsabilidad ha provocado que las empresas se enfrenten a una compleja cadena de reclamaciones cruzadas y posible guerra judicial.

Las principales eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, se han visto envueltas en este entramado junto con Red Eléctrica de España (REE). Cada una acusa a la otra de responsabilidad, mientras que las aseguradoras esperan que se defina legalmente un culpable para poder activar sus pólizas de manera adecuada. No obstante, los informes técnicos disponibles sostienen que las causas del apagón son multifactoriales, dificultando así establecer una responsabilidad concreta.

Este bloqueo legal ha propiciado la aparición de distintos procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional y otros juzgados, aunque hasta ahora no ha habido demandas formales reclamando daños y perjuicios, sino procesos preliminares para preservar los plazos de reclamación. Empresas destacadas como Repsol, Mercadona e Iryo han enviado notificaciones a las compañías eléctricas responsables, y las estimaciones preliminares calculan indemnizaciones alrededor de 500 millones de euros, cifra mucho menor que los 4.000 millones que inicialmente se barajaron.

Por su parte, ninguna de las grandes eléctricas ni REE ha provisionado fondos anticipados para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas del apagón, ya que hacerlo implicaría admitir culpa. Todas esperan una larga litigación que, incluso si ganan, consumirá tiempo, recursos y puede afectar su reputación.

En este contexto, la propuesta de utilizar el Consorcio de Compensación de Seguros como mecanismo para cubrir los daños tiene potencial para evitar enfrentamientos legales prolongados y costosos. Para ello, es imprescindible que el Gobierno reconozca oficialmente el apagón como un evento de fuerza mayor, similar a lo ocurrido con las inundaciones causadas por la DANA en 2024. En ese caso, el CCS actuó para cubrir los daños, cuya factura superó los 4.000 millones de euros, contando con reservas que rondaban los 10.000 millones.

Esta solución aliviaría tanto al sector energético como al asegurador, impidiendo que las indemnizaciones recaigan de manera concentrada en una o pocas compañías, mitigando así un impacto financiero que podría ser significativo para las partes implicadas.

En otro ámbito relacionado con la energía, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene pendiente la revisión para decidir sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2030. Esta decisión vital para la estabilidad energética y laboral en Extremadura se espera antes del parón vacacional de agosto, dado que las nucleares se consideran pilares clave para la autonomía y estabilidad del sistema eléctrico español.

Simultáneamente, Enresa, el organismo responsable de gestionar residuos y el cierre de centrales nucleares, ha actualizado los costes asociados a cierres futuros. El coste estimado por un apagón nuclear general en España se sitúa en aproximadamente 11.990 millones de euros a valor actual, mientras que el fondo destinado a cubrirlo suma 9.398 millones, un récord histórico pero aún insuficiente para un cierre total.

Estos desarrollos reflejan la complejidad del entorno energético actual, donde la gestión de riesgos, la responsabilidad compartida y la búsqueda de soluciones conjuntas cobran especial relevancia para evitar conflictos y garantizar la seguridad y continuidad del suministro en el país. El papel del Gobierno será clave para decidir si activa el Consorcio de Seguros para cubrir este apagón, evitando así una guerra jurídica que podría prolongarse años y abocar a un caos judicial.