La Comisión Europea ha lanzado una advertencia sobre el impacto negativo que tienen los impuestos en la transmisión de pequeñas y medianas empresas (pymes) en toda la Unión Europea. Bruselas teme que la elevada carga fiscal en herencias, donaciones y traspasos esté bloqueando el relevo generacional, lo que podría provocar el cierre de muchas empresas viables en un contexto de envejecimiento demográfico.

El Ejecutivo comunitario, consciente de que la competencia tributaria corresponde a cada Estado miembro, insta a estos a implementar incentivos fiscales para facilitar la continuidad empresarial. Según la Comisión, estas medidas deberían incluir exenciones, reducciones o aplazamientos en la tributación para los procesos de sucesión, tanto dentro del ámbito familiar como en traspasos a terceros.

El reto demográfico es inminente y de gran magnitud. Por ejemplo, en Alemania se estima que unos 224.000 propietarios de pymes planeaban transferir sus negocios en un plazo de dos años, mientras que en Francia se espera que cerca de 700.000 empresas deban hacer lo mismo en la próxima década. Estos traspasos no siempre generan ingresos inmediatos para los nuevos dueños, quienes suelen necesitar un periodo de adaptación antes de alcanzar el rendimiento histórico del negocio.

Por ello, la Comisión Europea recomienda que las ventajas fiscales estén condicionadas a mantener la actividad empresarial durante un tiempo establecido por la legislación nacional, así como a garantizar la continuidad laboral para los empleados de dichas compañías. Además, sugiere que los Estados reduzcan o eliminen otras cargas tributarias secundarias como derechos de timbre o tasas de registro asociadas a la transmisión.

Otra de las barreras detectadas afecta a los antiguos dueños a la hora de donar o vender empresas a empleados o terceros no familiares. En estos casos, el Estado suele aplicar una ganancia patrimonial teórica sobre la diferencia de valor desde la creación hasta el momento actual, obligando a pagar impuestos aunque no se haya percibido dinero efectivo. Esta situación desalienta la transmisión y provoca cierres ordenados, un fenómeno que Bruselas quiere revertir. Para ello, apuesta por ajustar las liquidaciones tributarias para que reflejen la realidad del mercado y evitar que la fiscalidad actúe como un freno.

La Comisión también insta a que, en caso de implementar estas medidas, se establezcan mecanismos para evitar abusos o fraudes fiscales. El objetivo es suavizar el impacto tributario sin comprometer la recaudación estatal, protegiendo así la viabilidad y competitividad del tejido empresarial europeo.

Más allá de lo fiscal, Bruselas recomienda facilitar aspectos jurídicos que permitan cambiar la forma legal de las empresas —por ejemplo, de autónomos a sociedades— sin necesidad de liquidar la actividad. Asimismo, propone que los acuerdos societarios tengan prioridad sobre los testamentos para asegurar la continuidad según la voluntad de la compañía y permitir que en algunos casos los trabajadores puedan asumir la propiedad si la familia lo desea.

Estas iniciativas reflejan la preocupación de la Comisión por la sostenibilidad del entramado productivo europeo ante los cambios demográficos y el relevo generacional. Aunque no tiene potestad para imponer estas reformas, Bruselas insiste en su relevancia para mantener la competitividad y la creación de empleo en la UE.

Para más información, puede consultarse el informe completo de la Comisión Europea, donde se detallan las recomendaciones y estados miembros mencionados.

En resumen, sin soluciones coordinadas que flexibilicen la fiscalidad y los aspectos legales vinculados a la transmisión de empresas, el riesgo de cierres masivos y pérdida de continuidad empresarial podría afectar negativamente la economía europea en los próximos años.