El presidente y consejero delegado de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli respectivamente, presentaron su dimisión este viernes. Ambos están bajo investigación por las circunstancias que rodearon el rescate público de la aerolínea en marzo de 2021, un proceso por el cual recibieron un préstamo de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según fuentes cercanas a la compañía consultadas por Europa Press, la salida de estas dos figuras clave de la aerolínea se produce tras reconocimientos realizados ante la Audiencia Nacional. En estas declaraciones admitieron la existencia de un contrato con la empresa de Julio Martínez ('Julito'), conocido íntimo amigo del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mediante el cual se comprometió un pago de un 1% del importe del rescate, es decir, 530.000 euros. Este pago se tramitó a través de varias firmas vinculadas a Martínez: Análisis Relevante, Voli Analítica y IOT Domotic Europe.

Los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press indican que tanto Martínez Sola como Roselli fueron conscientes de que tanto Julio Martínez como Zapatero pretendían cobrar comisiones por sus gestiones en favor de la obtención del rescate. Sin embargo, justificaron esta contratación como una medida desesperada para salvar a la empresa, reconociendo que desconocían los detalles de posibles acuerdos internos que pudieran existir entre las partes implicadas.

En su defensa, ambos directivos insisten en que no existía una prueba directa que demostrara actuaciones específicas para favorecer o influir en la concesión del préstamo por parte de la SEPI. Admiten, no obstante, que se asumió –como última opción– que contratar a Martínez y su entorno era necesario dadas sus conexiones con Zapatero, aunque siempre dentro de la ambigüedad respecto a la naturaleza y alcance de esas intervenciones.

La salida de Martínez Sola y Roselli marca un punto de inflexión en la gestión de una empresa que, a pesar de haber recibido respaldo público millonario, ha estado bajo un fuerte escrutinio político y judicial. La designación del nuevo máximo responsable recae en Hugo Castaño, accionista de la compañía, cuya aceptación está pendiente del visto bueno de la SEPI. Esta supervisión es obligatoria, ya que Plus Ultra continúa bajo vigilancia directa por haber recibido la ayuda pública.

Este caso ha puesto en el foco la gestión de ayudas estratégicas durante la pandemia, y cómo ciertos intermediarios con vínculos políticos pueden haber influido en adjudicaciones y concesiones. Las investigaciones apuntan también al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un terreno que sigue abierto y en el que se analizan posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción.

El rescate a Plus Ultra en 2021 generó polémica desde el inicio, por tratarse de una aerolínea con una operativa reducida y un historial financiero cuestionable. El préstamo de 53 millones de euros fue uno de los mayores ejercicios del FASEE, fondo creado para evitar quiebras en empresas consideradas estratégicas durante la crisis del COVID-19.

Además, el caso evidencia los riesgos y debilidades en los controles sobre las contrataciones y concesiones públicas, especialmente en el sector de la aviación, muy golpeado por la pandemia. Los parlamentarios de diversos partidos han demandado mayor transparencia y rigor en estos procesos ante la sospecha de prácticas opacas y favoritismos que pueden dañar las finanzas públicas y la reputación institucional.

Plus Ultra deberá ahora reconducir su estrategia bajo el mandato provisional de Hugo Castaño y superar tanto la crisis judicial como la operativa. La SEPI reforzará la supervisión para garantizar un uso adecuado de los recursos y evitar nuevos escándalos.

Este episodio subraya la necesidad de establecer procedimientos más estrictos en la concesión de ayudas públicas a empresas privadas, especialmente cuando intervienen figuras políticas y presiones externas. En paralelo, la investigación judicial continuará para aclarar todas las responsabilidades que se deriven de estas acciones.

Para más información sobre la supervisión y rescate de empresas en España puede consultarse el portal oficial de la SEPI, así como detalles de las investigaciones en curso en la Audiencia Nacional.