El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha un proyecto piloto de coliving en Madrid destinado al personal militar, con entre 350 y 400 plazas disponibles. La iniciativa arrancará el próximo 1 de julio tras recibir el respaldo del Consejo de Ministros, que aprobó la semana pasada una modificación presupuestaria para financiar el programa. El modelo responde a una necesidad concreta: los militares cambian de destino con frecuencia y tienen cada vez más dificultades para encontrar alojamiento asequible en una ciudad con uno de los mercados de vivienda más tensionados del país.
El coliving es un sistema de convivencia en el que cada residente dispone de su habitación privada, pero comparte zonas comunes dentro del mismo edificio: cocinas, salones, espacios de trabajo o áreas de descanso. Aunque este formato se asocia habitualmente a nómadas digitales o trabajadores con alta movilidad, el Ministerio de Defensa considera que encaja bien con las particularidades del servicio militar. Según la cartera que dirige Margarita Robles, el modelo permite "dar respuesta ágil a necesidades temporales de alojamiento sin comprometer el patrimonio público", lo que lo convierte en una alternativa flexible frente a la construcción o adquisición de nuevos inmuebles.
La gestión del proyecto recae sobre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), organismo creado en 2009 que administra el patrimonio inmobiliario del Ministerio y gestiona el acceso a vivienda del personal militar. El INVIED ya opera otras tres vías de apoyo a la movilidad: una compensación económica por cambio de destino, la adjudicación de viviendas militares en régimen de alquiler especial y ayudas para la compra de vivienda en propiedad. Sin embargo, el alcance de estas medidas tiene límites claros.
Por qué las medidas actuales se quedan cortas
El Observatorio de la Vida Militar, órgano consultivo adscrito a las Cortes Generales que elabora informes anuales sobre las condiciones del personal de las Fuerzas Armadas, ha señalado en varias ocasiones que la compensación económica por traslado —la más utilizada— resulta insuficiente. No llega a todos los afectados y tiene un carácter temporal que no resuelve el problema estructural. A eso se suma un dato que ilustra la dimensión real de la crisis: según el mismo organismo, casi la mitad de los militares destinados en grandes ciudades destina al alquiler una proporción de su sueldo muy superior al 33% que se considera el umbral recomendable de esfuerzo económico en vivienda.
Este desequilibrio no es exclusivo del ámbito militar. La dificultad para acceder a una vivienda asequible en zonas urbanas saturadas es uno de los principales frenos a la movilidad laboral en España, un problema que los sindicatos llevan años trasladando a patronales y administraciones. En Madrid, donde la presión sobre el mercado del alquiler ha disparado los precios en los últimos años, el impacto es especialmente visible. Según los datos del portal del INE, la capital concentra una parte significativa de los destinos militares del país, lo que hace del coliving una respuesta particularmente relevante para esta plaza.
Un piloto para decidir si se consolida
El Ministerio ha subrayado el carácter experimental de la iniciativa. Al tratarse de un proyecto piloto, el objetivo no es solo ofrecer alojamiento inmediato, sino evaluar con detalle si el modelo funciona, si el personal lo utiliza y si resulta eficaz como herramienta de apoyo a la movilidad. A partir de esa evaluación, Defensa decidirá si amplía el programa y lo incorpora de forma estable a su política de vivienda o si, por el contrario, ajusta el enfoque.
La fórmula del coliving tiene, en cualquier caso, ventajas logísticas evidentes para la administración. No exige la compra de suelo ni la construcción de nuevos inmuebles, puede activarse con mayor rapidez que otras soluciones y permite concentrar a varios efectivos en un mismo espacio con servicios comunes gestionados de forma centralizada. Para los militares destinados temporalmente, supone también evitar los trámites y costes de buscar piso en el mercado libre en una ciudad donde los precios medios del alquiler han superado en muchos barrios los 1.500 euros mensuales por una vivienda de tamaño estándar.
El programa se suma a un debate más amplio sobre cómo el Estado puede y debe intervenir para facilitar el acceso a la vivienda de sus propios trabajadores, especialmente en aquellos sectores donde la movilidad geográfica es obligatoria y no opcional. Militares, policías, jueces o funcionarios de la Administración General del Estado se enfrentan con frecuencia a traslados que el mercado inmobiliario actual hace cada vez más difíciles de asumir sin un coste económico relevante. La respuesta de Defensa con este piloto es, por ahora, una de las pocas iniciativas concretas que se han materializado en ese sentido.