Cuando Donald Trump anunció en enero la imposición de aranceles contra sus aliados de la OTAN, la reacción internacional fue fuerte: Londres mostró preocupación, la Unión Europea activó reuniones de urgencia y Dinamarca vivió manifestaciones masivas. Sin embargo, apenas tres meses después, un anuncio similar sobre aranceles del 50% a países que venden armas a Irán apenas provocó eco alguna.

Este cambio radical se sustenta en una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que limitó el poder presidencial para aplicar impuestos fronterizos sin la autorización del Congreso. Este fallo ha reducido drásticamente la herramienta que Trump empleaba para ejercer presión internacional y manejar su política comercial con mano dura.

Además, un tribunal adicional anuló los aranceles globales del 10% que Trump intentó imponer tras la sentencia, aunque el Gobierno estadounidense ha presentado recurso. Esta doble restricción judicial deja al presidente con un margen muy limitado para continuar su estrategia arancelaria, mientras se prepara para su reunión con el presidente chino Xi Jinping, en la que busca reactivar su influencia comercial.

No obstante, la situación en Washington no es favorable. La resistencia en el Congreso para respaldar políticas arancelarias agresivas crece, y la impopularidad de los aranceles entre los votantes añade presión política en plena antesala de las elecciones intermedias. Muchas voces dentro del partido republicano y fuera reclaman un mayor control legislativo sobre la política comercial, criticando el uso excesivo y poco transparente que Trump ha dado a estas medidas.

A nivel internacional, esta pérdida de autoridad ha provocado que otros países, especialmente en Asia Sudoriental y Europa, empiecen a replantearse sus acuerdos comerciales con Estados Unidos, sin dejar de cumplirlos pero buscando nuevas fórmulas para reducir su dependencia y exposición a amenazas arancelarias repentinas. Así lo explica Myron Brilliant de Albright Stonebridge Group, quien resalta cómo el respeto hacia Washington se ha erosionado desde la decisión del Tribunal Supremo.

Los aranceles han sido una pieza clave en la agenda de Trump, destinada a reequilibrar la economía estadounidense, proteger la industria nacional y fortalecer el poder geopolítico de Estados Unidos. Durante su mandato, incrementó significativamente los aranceles promedio, que pasaron del 2,6% al 13%, aunque esta política también trasladó costes a empresas y consumidores en el país, exacerbando la inflación y complicando el panorama económico interno.

Pese a que la administración defiende que estas políticas han impulsado el empleo y los salarios en el sector manufacturero, el déficit comercial de bienes alcanzó niveles récord, y el peso industrial en la economía estadounidense se mantiene mucho más bajo que hace dos décadas. Para la mayoría de economistas, los aranceles no son una solución efectiva para equilibrar las cuentas comerciales ni para revitalizar la manufactura americana.

La complejidad creciente del sistema arancelario también está generando malestar en las empresas, afectadas por la necesidad de navegar un entramado burocrático con códigos especializados, exenciones y seguimiento detallado del origen de las piezas. Esta situación limita la capacidad de respuesta rápida que Trump había utilizado para imponer sus medidas comerciales, y su continuidad dependerá de los cambios que pueda aprobar el Congreso.

Actualmente, el presidente aún cuenta con ciertas herramientas legales para gravar productos por razones de seguridad nacional, como automóviles o semiconductores, bajo una legislación diferente a la la anulada. Sin embargo, para restaurar su influencia comercial global, necesitará superar la resistencia interna y cumplir con procesos complejos y lentos que involucran consultas y audiencias públicas, algo muy distinto al ejercicio unilateral que caracterizó su primera etapa.

En definitiva, la estrategia comercial de Trump enfrenta ahora un escenario más restringido y vigilado, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La capacidad para imponer aranceles arbitrarios ha sido cuestionada y recortada, y el presidente deberá adaptarse a un entorno donde la política comercial precisará mayor consenso y transparencia para avanzar.

Para más detalles sobre las implicaciones legales y políticas, puede consultarse el análisis de Financial Times o las valoraciones sobre la respuesta del Congreso en Expansión.