El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 835.200 euros tras finalizar los primeros 150 expedientes dentro de un plan de inspección fiscal enfocado en asegurar que las explotadoras de pisos turísticos pagan correctamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Esta iniciativa, que se desarrolla junto con la Agència Tributària de Catalunya, se extenderá hasta 2028 y abarcará la revisión de 463 empresas gestoras responsables de 2.281 viviendas turísticas y 280 apartamentos en la ciudad, según el comunicado oficial del consistorio. El objetivo es identificar posibles fraudes o insuficiencias en la declaración y cobro de impuestos que afectan tanto al IAE como a otros tributos relacionados con las propiedades.
Actualmente, el plan mantiene abiertos 102 expedientes en total: 99 corresponden a gestoras con aproximadamente 1.300 pisos turísticos, y 3 a empresas con 105 apartamentos. Hasta ahora, se han formalizado 457 liquidaciones fiscales que han incrementado en 220.302 euros el padrón anual del IAE.
El programa está dividido en tres fases y comenzó a finales de 2024. En la primera etapa, se cruzaron datos de los censos tributarios locales con la información autonómica del impuesto sobre estancias en alojamientos para detectar altas no declaradas y regularizar superficies registradas. Este cruce de información permite también ajustar el uso y valor catastral de las viviendas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como reclamar pagos pendientes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), especialmente en reformas no reportadas o con costes superiores a lo inicial declarado.
La última fase del plan, prevista para 2027 y 2028, inspeccionará a todos los titulares y gestores de alojamientos turísticos que no estén registrados ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en ningún epígrafe relacionado con hospedaje. Esta medida busca aflorar actividades económicas ocultas y asegurar el cumplimiento fiscal total en este sector.
El teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Vivienda y Turismo, Jordi Valls, ha subrayado que la fiscalidad es una herramienta clave para reordenar el sector de los pisos turísticos. Además de garantizar que los operadores cumplan sus obligaciones tributarias, el Ayuntamiento pretende reducir el impacto de estas viviendas sobre el acceso a la vivienda y avanzar hacia un turismo más sostenible y equilibrado.
Este plan se enmarca en una estrategia municipal que apunta a acabar con las licencias para pisos turísticos en 2028, buscando limitar la proliferación descontrolada de este tipo de alojamientos que ha tensionado el mercado inmobiliario local.
La iniciativa refleja un esfuerzo coordinado entre administraciones para mejorar la fiscalización en el sector turístico y contribuir a una gestión urbana más equilibrada. Para más detalles sobre la tributación en alojamientos turísticos, se puede consultar la información publicada por la Agència Tributària de Catalunya o el Ayuntamiento de Barcelona.
La regulación fiscal y el control exhaustivo del sector de pisos turísticos representan un reto para las grandes ciudades, donde estos alojamientos suponen un impacto significativo en la vivienda y economía local. Barcelona se posiciona así como un referente en la aplicación de medidas concretas para garantizar una tributación justa y un desarrollo turístico sostenible.