El sector público estatal sigue lejos de cumplir con sus obligaciones de transparencia, según el último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tras analizar los portales de 153 entidades públicas, el cumplimiento medio en la publicación de datos obligatorios se sitúa en el 47,1%, una puntuación insuficiente que evidencia un importante margen de mejora.

La ley de transparencia, aprobada en 2013, exige a las entidades públicas publicar información clave en sus portales digitales, como el marco normativo bajo el que operan, sus presupuestos, los contratos adjudicados, la identificación de sus máximos responsables, su formación, experiencia y retribuciones. Sin embargo, muchas organizaciones no cumplen con estos requisitos, y la Tesorería General de la Seguridad Social destaca como una de las peor valoradas por no completar esta información.

El Consejo de Transparencia también ha evaluado la adopción de las 2.916 recomendaciones emitidas en 2025 para mejorar la transparencia. Solo se han aplicado 830, un 28,4%, lo que refleja que la mayoría de las sugerencias quedan sin desarrollar. El informe señala que la principal causa del bajo cumplimiento es la falta de actualización y claridad sobre la vigencia de los datos publicados, dificultando su uso por parte de la ciudadanía.

El grupo con mejor desempeño es el formado por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y mutuas colaboradoras, que alcanzan un índice del 82,5%. Por el contrario, las sociedades mercantiles estatales y entidades de derecho público avanzan a menor ritmo, con un cumplimiento que oscila entre el 38% y el 20%.

Dentro de las entidades evaluadas, solo dos alcanzaron el 100% de cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad. Muy cerca se sitúan las mutuas MAZ y Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad, con un 99%. También superan el 90% la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) y otras instituciones como el Centro Universitario de la Defensa o la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Por el contrario, entidades como el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social y otras públicas clave obtienen índices muy bajos, algunas por debajo del 15%, lo que evidencia un problema estructural en el cumplimiento de la ley de transparencia.

El Consejo insiste en la obligatoriedad legal de mantener la información activa, completa, actualizada y disponible en formatos reutilizables para garantizar la confianza y el control ciudadano. Además, recomienda a las entidades incumplidoras implementar de forma urgente las pautas propuestas para mejorar su transparencia y rendición de cuentas.

Este panorama se produce trece años después de la aprobación de la ley, un tiempo más que suficiente para que las administraciones públicas hayan adaptado sus sistemas y procesos a las exigencias legales. El informe subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para garantizar que las obligaciones de transparencia se cumplan efectivamente y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información.

El acceso a información pública clara y actualizada es fundamental para una administración moderna y responsable. Por ello, el Consejo de Transparencia continúa supervisando y apoyando a las entidades para conseguir un cumplimiento real y efectivo que refuerce la confianza democrática.

Para más información, se puede consultar el informe completo en la web del Consejo de Transparencia y revisar las obligaciones legales recogidas en la Ley 19/2013 de transparencia.