Más de medio millón de autónomos societarios, familiares colaboradores y trabajadores por cuenta propia que no declaran rendimientos afrontan desde enero de 2026 un incremento de 135 euros mensuales en sus cuotas a la Seguridad Social. La orden de cotizaciones publicada en el BOE el pasado 31 de marzo ha elevado su base mínima de cotización desde los 1.000 euros que llevaban congelados hasta los 1.424 euros, lo que sitúa el pago mínimo en 448 euros al mes.
La medida afecta a cerca de un millón de personas: unos 800.000 autónomos societarios y alrededor de 400.000 familiares colaboradores. De todos ellos, algo más de 500.000 tienen ingresos en el entorno de los 1.000 euros mensuales o por debajo, por lo que serán los más golpeados por la subida. Para este grupo, el primer tramo de rendimientos abarca desde 0 hasta 2.760 euros, con cuotas que oscilan entre los 448 y los 869 euros dependiendo de la base elegida.
Una subida prevista que se aplica de golpe
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende que este incremento ya estaba recogido en la ley de 2022 que reformó el sistema de cotizaciones por ingresos reales del RETA, aprobada con amplia mayoría parlamentaria y pactada con asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos. Según la ministra Elma Saiz, esa norma establecía que la base de cotización de este colectivo no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.
Sin embargo, lo que ha encendido las críticas es que la subida se ha concentrado en un solo golpe en lugar de aplicarse progresivamente. La ley original preveía incrementos graduales que debían haberse actualizado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Al no haberse aprobado nuevas cuentas públicas desde 2023, la base permaneció congelada en 1.000 euros durante 2024 y 2025, acumulando todo el ajuste en este ejercicio.
ATA denuncia un trato desigual
La paradoja es que esta subida llega precisamente en un año en el que las cuotas del resto de autónomos se han mantenido sin cambios, al no haberse alcanzado un acuerdo con las organizaciones representativas sobre las nuevas bases para el periodo 2026-2028. Los societarios y colaboradores son, por tanto, el único grupo dentro del colectivo que ve encarecida su cotización.
Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, ha calificado la medida como un "sablazo" y ha recordado que la ley pactada también contemplaba un despliegue escalonado de tramos para 2026, 2027 y 2028 que no se ha ejecutado. Además, critica que siguen pendientes la revisión y evaluación del sistema para corregir posibles disfunciones, así como mejoras en protección social como el cese de actividad o el subsidio para mayores de 52 años.
Un proceso que mira a 2032
El objetivo final del sistema aprobado en 2022 es que en 2032 todos los autónomos, con independencia de su forma jurídica, coticen en función de sus rendimientos reales. Los tramos superiores también se han actualizado: quienes ingresen más de 6.000 euros al mes tendrán una base mínima de 1.928 euros y una máxima de 5.101 euros, con cuotas de entre 607 y 1.607 euros mensuales.
Aunque el pago efectivo de la diferencia acumulada no se exigirá hasta la regularización prevista para finales de 2027 o principios de 2028, el malestar entre el colectivo es evidente. La ruptura de la progresividad prometida y la ausencia de las mejoras pactadas alimentan un debate que, previsiblemente, seguirá marcando la relación entre el Gobierno y los trabajadores por cuenta propia durante los próximos meses.