El Gobierno de Pedro Sánchez acumula ya 949 días sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, una obligación constitucional fundamental para la transparencia y el control democrático de las finanzas públicas.

Esta ausencia prolongada afecta gravemente al funcionamiento de la democracia en España, dado que impide al Parlamento supervisar el destino del dinero público y limita la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La Ley de Presupuestos es el instrumento legal que define el gasto y los ingresos del Estado para cada ejercicio, y sin ella las instituciones pierden capacidad para fiscalizar correctamente al Ejecutivo.

El Tribunal de Cuentas ha advertido recientemente que esta situación genera riesgos de desviación en el déficit público y dificulta el control sobre una deuda estatal que no ha cesado de crecer hasta superar los 1,72 billones de euros. Estas cifras indican una creciente presión financiera sobre las cuentas públicas, sin la debida supervisión parlamentaria. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve entorpecida su labor supervisora por la falta de información clara y oficial.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda, encabezado hasta hace poco por María Jesús Montero, ha sido señalado por el Tribunal de Cuentas por utilizar 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para tapar el déficit del sistema de pensiones en 2024. Esta práctica, conocida como "créditos sobrantes" por Moncloa, genera dudas sobre la correcta gestión y destino de los recursos asignados para la recuperación económica postpandemia. Todo ello mientras la cartera de Seguridad Social anunciaba récords en el fondo de reserva de pensiones, financiado en gran parte por recargos a los salarios de los trabajadores.

Este escenario se agrava en un contexto político marcado por investigaciones judiciales orientadas a casos de corrupción relacionados con contratos públicos, como es el caso emblemático del exministro José Luis Ábalos. Ábalos ha reconocido la circulación de grandes sumas de dinero en efectivo por la sede del PSOE, un hecho que choca con las estrictas obligaciones fiscales que deben cumplir todos los ciudadanos y que ha provocado un escenario de desconfianza.

La gestión del Gobierno se ha visto cuestionada por su actitud hacia la transparencia y la independencia judicial. Hay denuncias de injerencias en órganos judiciales y reguladores, además de una acusación constante de que el Ejecutivo pretende decidir unilateralmente qué es legal en España. Estas prácticas erosionan la separación de poderes y dificultan la existencia de controles efectivos sobre la actuación gubernamental.

Pedro Sánchez ha justificado en varias ocasiones la falta de Presupuestos con la importancia de los fondos extraordinarios de la Unión Europea, argumentando que estos recursos actúan como un presupuesto paralelo que mitiga la necesidad de aprobar cuentas oficiales. Sin embargo, esta explicación no consigue convencer a expertos ni a las instituciones de control, que insisten en la obligatoriedad democrática y legal de disponer de unas cuentas anuales claras y aprobadas por el Parlamento.

En un momento en que la economía española debe afrontar retos como la inflación, el aumento del gasto social y las necesidades de inversión productiva, la ausencia de un presupuesto aprobado genera una situación de incertidumbre que limita la planificación económica y la confianza de inversores y ciudadanos.

La transparencia fiscal no es un mero trámite burocrático sino un pilar esencial para que la democracia funcione. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se emplean sus impuestos y a exigir responsabilidad a quienes gestionan el dinero público. La falta de Presupuestos no solo perjudica la gestión económica, sino que también debilita la percepción de legitimidad del Gobierno y sus instituciones.

Solo con una restauración clara de la normalidad institucional, incluyendo la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se podrá fortalecer la democracia y la estabilidad económica en España. La exigencia de transparencia, control parlamentario y rendición de cuentas es más urgente que nunca para garantizar que el poder público actúe con responsabilidad y en beneficio de toda la sociedad.

Para más detalles sobre la situación presupuestaria y sus implicaciones, puede consultarse el informe del Tribunal de Cuentas y las últimas evaluaciones de la AIReF, así como las noticias relacionadas con el caso judicial del exministro Ábalos en el Tribunal Supremo.

El futuro de la democracia española pasa por recuperar la regularidad en las cuentas públicas y garantizar que las instituciones no estén sometidas a arbitrariedades políticas que afectan la confianza ciudadana y el correcto funcionamiento del Estado.