El término "progresista" se ha vuelto un concepto recurrente en el discurso político y social en España, pero ¿qué implica realmente ser progresista hoy? La respuesta requiere mirar primero qué ideas o prácticas se alejan de esa definición. No lo es el sectarismo, renunciar a principios democráticos básicos, aprovecharse del poder para beneficio personal o traspasar los límites de la ética en la gestión pública.

Durante los casi ocho años de gobierno encabezados por Pedro Sánchez, que se ha presentado bajo la etiqueta de "coalición progresista", se han implementado medidas sociales que lo sitúan en la órbita de la izquierda. Sin embargo, esta realidad no ha estado exenta de contradicciones, ya que Sánchez ha cedido a partidos nacionalistas y independentistas para mantener su poder, debilitando algunos principios propios de la socialdemocracia, como la defensa de la unidad y la propia estructura democrática del Estado.

El nacionalismo y el independentismo, representados en los pactos con formaciones como PNV, Junts, ERC o Bildu, permanecen en tensión con la idea progresista, pues priorizan agendas secesionistas o conservadoras que desvían el foco social y democrático. Esta alianza ha implicado decisiones polémicas, como los indultos y la consideración de una amnistía para presos independentistas, que no solo generan controversia política sino que erosionan la percepción de coherencia ideológica.

Además, la gobernabilidad se ha complicado por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo que ha impulsado decretos-ley para sortear el trámite legislativo, incumpliendo en ocasiones compromisos constitucionales, como la presentación de presupuestos anuales. Esta práctica ha contribuido a una sensación de desorden legal y ha puesto en duda el respeto a la separación de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia avanzada.

La Justicia, por su parte, ha sido escenario de un choque frontal con el Gobierno. La voluntad política de controlar y alinear los principales órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado, ha suscitado críticas por lo que se percibe como una colonización institucional. El debate se intensifica tras casos de filtraciones de información judicial y purgas internas en la Fiscalía que parecen responder a intereses partidistas más que a criterios de independencia y legalidad.

En el terreno de la corrupción, el desembarco de varios procesos judiciales que implican a altos cargos del partido gobernante y familiares de líderes ha generado un profundo desencanto, especialmente entre votantes tradicionales del PSOE que se identifican con valores socialdemócratas y progresistas auténticos. La respuesta del Gobierno ha sido considerada insuficiente por muchos, dado que las responsabilidades políticas parecen diluirse mientras se atacan a los denunciantes y fiscales que investigan estos casos.

En política exterior, el Ejecutivo ha buscado situarse como referente progresista mediante críticas a algunas políticas agresivas de Estados Unidos e Israel, pero ha sido cuestionado por su silencio o doble rasero frente a dictaduras aliadas o vulneraciones de derechos humanos, como sucede con Cuba, Venezuela o la posición ambigua ante el pueblo saharaui, reflejando incoherencias que afectan a su credibilidad y compromiso internacional.

También merece atención la relación de este Gobierno con los medios de comunicación. La polarización informativa y la distribución desigual de recursos públicos a medios afines a la línea oficial ponen en entredicho el pluralismo y la libertad de prensa. La intención de legislar contra las denominadas "fake news" ha generado alertas por posibles limitaciones a la libertad de expresión y a la crítica política.

En suma, ser progresista en la España actual pasa por defender la democracia con principios firmes, garantizar la independencia de los poderes del Estado, combatir la corrupción sin atajos, mantener un compromiso sincero con la justicia social y la igualdad, y ejercer una política internacional coherente con los valores de derechos humanos y solidaridad. La distancia entre el discurso y la práctica ha generado tensiones que invitan a revisar qué significa realmente progresar en un contexto político complejo y polarizado.

Para profundizar en este análisis, puede consultarse el documento completo de la Fundación de Estudios Socialistas y los informes de transparencia del Ministerio de Justicia. También resulta relevante revisar las evaluaciones independientes en medios especializados como El País y El Mundo, que han publicado análisis detallados sobre la evolución política y social durante este periodo.