La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encuentra en un momento crucial. La renovación de su presidencia, que debería tener lugar en pocos días, coincide con una actividad sancionadora sin precedentes. Actualmente, el organismo tramita un total de 753 expedientes, de los cuales 158 son procedimientos sancionadores abiertos, principalmente en el sector energético.

Este volumen de casos es especialmente elevado debido a la investigación sobre el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Solo este episodio ha generado más de 60 sanciones pendientes, clasificadas mayoritariamente como graves o muy graves, y que podrían derivar en multas millonarias. Según la ley eléctrica, una infracción muy grave puede fomentar sanciones de hasta 60 millones de euros, mientras que en hidrocarburos el límite es de 30 millones. Las infracciones graves alcanzan multas de hasta 6 millones, y las leves, hasta 600.000 euros.

Los datos internos muestran que el 13% de estos expedientes se consideran muy graves, el 80% graves y el resto leves, lo que podría traducirse en multas que rondan los mil millones de euros si se aplicaran las sanciones máximas. Este escenario plantea un desafío importante especialmente en el sector de la electricidad, donde las empresas Iberdrola y Endesa lideran el número de procedimientos en curso con 25 y 19 multas respectivamente. Otros grupos afectados incluyen Naturgy, Repsol, BP o Holaluz.

La presión legal no solo afecta a las compañías involucradas, sino que también será un reto para la nueva dirección de la CNMC. El mandato actual de la presidenta Cani Fernández y dos consejeros finaliza el próximo 16 de junio. Sin embargo, si el Gobierno no nombra a los sucesores, los actuales miembros seguirán de forma interina hasta que se tome una decisión definitiva. Este retraso puede añadir incertidumbre a la gestión de la institución justo cuando más intensa es la actividad sancionadora.

En esta coyuntura, el relevo en la presidencia tendrá que lidiar, además, con la compleja batalla judicial que se anticipa por parte de las energéticas sancionadas, además de integrar la renovación de un órgano que no solo debe actuar como regulador, sino también como garante de la competencia en sectores estratégicos.

La etapa de Cani Fernández ha sido especialmente activa respecto a los procedimientos de sanción. En sus seis años al frente, se ha tramitado el doble de expedientes sancionadores en energía que en los seis años previos a su presidencia. En total, la CNMC ha gestionado más de 40.000 procedimientos de todo tipo desde su creación en 2013, cuando se fusionaron la antigua CMT, CNE y CNC.

Por otro lado, la creación de una nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) parece estar estancada. El proyecto, impulsado en 2024 por la antigua ministra Teresa Ribera, no ha avanzado debido a la falta de consenso político. Actualmente, esta iniciativa permanece archivada en el ministerio que dirige Sara Aagesen, complicando aún más la estructura del regulador energético y la política de competencia.

Las críticas internas de la CNMC hacia la CNE se centran en la posible interferencia política y la falta de garantías para la imparcialidad del nuevo organismo. En este contexto, la renovación de la CNMC y el curso de sus sanciones a las grandes energéticas serán claves para el futuro regulatorio del sector en España.

Más información sobre la CNMC y sus sanciones puede consultarse en Expansión y el Boletín Oficial del Estado. También es útil revisar las leyes energéticas vigentes en el Ministerio para la Transición Ecológica para entender el marco jurídico de estas multas.