El Congreso ha dado luz verde a una reforma que permitirá a cerca de 100.000 profesionales autónomos, que cotizan en mutualidades alternativas, como abogados, médicos, arquitectos e ingenieros, traspasar sus fondos acumulados a la Seguridad Social mediante el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta decisión responde a la situación de muchos mutualistas que, al jubilarse, reciben pensiones bajas debido al sistema alternativo de capitalización en el que han participado desde 1995. Bajo este esquema, las cotizaciones se realizan a la mutualidad profesional, con aportaciones mínimas equivalentes al 80% de la base mínima del RETA, lo que condiciona el importe final de su jubilación.

La reforma, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y presentada inicialmente por el PSOE, crea una pasarela para que estos trabajadores puedan convertir sus derechos acumulados en años cotizados a la Seguridad Social. Este cambio ofrece un sistema público con condiciones más ventajosas para la jubilación y otras prestaciones.

Durante la tramitación del proyecto, se introdujeron modificaciones significativas, especialmente tras una enmienda aprobada en el Pleno del Congreso con apoyo del PP, Vox y UPN. Esta eliminó restricciones que inicialmente impedían a pensionistas y aquellos con los requisitos para jubilarse acceder a la pasarela. Además, modifica el coeficiente para traspasar derechos económicos pasando de 0,77 a una conversión que reconoce cada año cotizado en mutualidad como un año contado en la Seguridad Social, sobre todo para mutualistas mayores de 55 años.

Esta valorización "uno por uno" se aplica a quienes tengan esa edad al 31 de diciembre de 2025, asegurando que todos los meses completos cotizados en mutualidades equivaldrán a meses completos cotizados en RETA para la pensión.

Los mutualistas pueden optar por no transferir sus fondos. No obstante, la ley establece que los que mantengan la cotización en mutualidades deberán incrementar progresivamente su base mínima hasta igualar el 100% de la base mínima del RETA en 2028. Esto implica subidas obligatorias del 86% en 2026 y del 93% en 2027, reforzando la sostenibilidad futura de sus pensiones.

La reforma establece también la desaparición del sistema alternativo: a partir del 1 de enero de 2028, todos los nuevos autónomos deberán incorporarse obligatoriamente al RETA. Se ha previsto un informe para finales de 2027 que evaluará el impacto de estas medidas, pudiendo modificar esta fecha si así se considera necesario.

Respecto al proceso de transferencia de fondos, se anticipa que el traspaso de derechos económicos acumulados a la Seguridad Social se realizará en el momento de la jubilación del autónomo, no antes. Esto evitará un vaciado inmediato de recursos en las mutualidades, manteniendo su viabilidad financiera durante más tiempo.

En resumen, la medida ofrece a importantes colectivos profesionales un mecanismo para mejorar sus pensiones públicas, al tiempo que avanza hacia un sistema de cotización unificado, que pone fin gradualmente a la dualidad entre mutualidades y la Seguridad Social. Para los afectados, implica una opción durante un año desde la regulación para decidir si se integran en el RETA o continúan en su mutualidad con nuevas condiciones.

Con esta reforma, el Gobierno busca mejorar la protección social de los autónomos que tradicionalmente han visto reducidas sus prestaciones, y simplificar la estructura de cotización en España, en línea con las recomendaciones internacionales para garantizar pensiones más sólidas y adecuadas.