Desde finales de 2025, la comunidad internacional observa en Líbano imágenes que ya conocía de Gaza: ciudades reducidas a escombros, hospitales sin capacidad operativa y columnas interminables de familias huyendo con lo poco que pueden cargar. Los organismos internacionales llevan meses documentando un patrón que se repite con una precisión inquietante, y los datos confirman que el impacto sobre la población civil libanesa sigue una lógica similar a la que devastó la Franja de Gaza.
Israel justifica sus operaciones militares en el sur del Líbano con el argumento de neutralizar a Hezbolá, del mismo modo que utilizó la necesidad de desmantelar Hamas para justificar la ofensiva en Gaza. Sin embargo, los informes de organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch apuntan a que la ejecución de esas operaciones va mucho más allá del enfrentamiento directo con grupos armados. Ambas organizaciones describen una estrategia de destrucción de infraestructuras esenciales —agua, electricidad, transporte sanitario— que golpea a la población en su conjunto.
El colapso sanitario, un arma de guerra
Solo durante los primeros quince días de marzo de 2026, la Organización Mundial de la Salud registró más de 200 ataques contra infraestructuras médicas en territorio libanés. A lo largo de ese mes, al menos 1.953 personas murieron y más de 6.300 resultaron heridas. El 8 de abril de 2026 fue la jornada más letal del conflicto hasta la fecha: 357 muertos y más de 1.200 heridos en un solo día, una cifra que el gobierno libanés calificó de inmediato como masacre contra civiles.
Cientos de trabajadores sanitarios han perdido la vida en el ejercicio de su labor, y más de 250 vehículos de emergencia —ambulancias y camiones de bomberos— han sido dañados o destruidos mientras prestaban asistencia. Según los informes de Amnistía Internacional de marzo de 2026, el ejército israelí está desplegando en Líbano el mismo esquema operativo ya documentado en Gaza, que consiste en atacar deliberadamente los servicios esenciales. Esta conducta, señalan los expertos en derecho internacional, constituye una violación directa de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario.
El impacto no se limita a las bajas físicas. El trauma acumulado de vivir bajo bombardeos constantes, la pérdida de familiares y la precariedad extrema generan consecuencias psicológicas de largo plazo, especialmente en los menores. La experiencia de Gaza ya mostró aumentos significativos en los índices de estrés postraumático, depresión y trastornos del sueño entre la población superviviente. Los profesionales de salud mental que trabajan en Líbano advierten de que se está reproduciendo la misma catástrofe.
Más de un millón de personas desplazadas
Según las estimaciones de ACNUR y OCHA, a la fecha de redacción de este artículo hay más de 1.049.000 personas desplazadas registradas oficialmente en Líbano como consecuencia de los ataques. Los propios organismos reconocen que la cifra real es notablemente superior, ya que solo recoge a quienes se han podido registrar. Eso supone aproximadamente uno de cada cinco habitantes del país.
El desplazamiento masivo erosiona las comunidades desde dentro: destruye las economías locales, interrumpe la escolarización de los menores y somete a las familias a una vulnerabilidad extrema. En muchos casos, los desplazados libaneses se instalan en barrios que ya acogían a refugiados palestinos y sirios, lo que multiplica la presión sobre unos servicios públicos ya al límite. Los efectos intergeneracionales de este tipo de violencia —pérdida de vivienda, de proyecto de vida y de pertenencia cultural— pueden perdurar décadas.
La comunidad internacional y la impunidad estructural
Una pregunta recorre los foros diplomáticos desde hace meses: cómo es posible que, tras lo documentado en Gaza, Israel pueda actuar con una impunidad similar en un Estado soberano como Líbano. La respuesta, según analistas de derecho internacional, remite a la arquitectura desigual del sistema multilateral. Estados Unidos ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de la ONU varias resoluciones que pedían un alto el fuego o investigaciones independientes, y la Unión Europea ha mantenido una postura ambigua que alterna la condena verbal con la cooperación práctica.
Cada vez más juristas especializados en derecho internacional sostienen que los patrones observados —destrucción deliberada de infraestructuras esenciales, desplazamiento forzado masivo y asedio prolongado— se acercan a los criterios establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Aunque los gobiernos occidentales rehúyen ese término, la evidencia acumulada por Naciones Unidas y diversas ONG dibuja un cuadro de devastación poblacional sistemática que va más allá de los daños colaterales propios de cualquier conflicto armado.
Gideon Levy, periodista veterano del diario israelí Haaretz y uno de los críticos más reconocidos de las políticas militares de su país, ha señalado en sus columnas que Israel ha perdido la capacidad de ver a libaneses y palestinos como iguales, y que esa deshumanización convierte los bombardeos masivos en una política aceptable para una mayoría de la población israelí. La reflexión subraya que el problema no es solo geopolítico o jurídico, sino también ético y cultural, y que sus consecuencias se medirán durante generaciones.