La posibilidad de que Gijón desarrolle una regulación municipal específica para patinetes eléctricos enfrenta rechazo por parte del concejal de Tráfico y Movilidad, Pelayo Barcia. La iniciativa fue defendida por la alcaldesa Carmen Moriyón, quien apuesta por una normativa que garantice un uso responsable y no prohíba esos vehículos, pero Barcia considera esta vía problemática.

A través de sus perfiles en redes sociales, el edil de Foro mostró su oposición a normativas locales sobre patinetes, porque, según él, han causado conflictos legales en otras localidades donde se han aplicado. Barcia ya había fijado esta postura con contundencia en el Pleno municipal y tras una propuesta similar presentada por Vox.

Barcia advierte que el Ayuntamiento podría ver anuladas sus disposiciones o que las sanciones no tengan efecto jurídico, lo que dejaría sin herramientas efectivas el control y la regulación del uso de patinetes. Esta advertencia señala la complejidad que existe en España sobre quién tiene competencia para legislar sobre estos vehículos, ubicados en una zona gris entre tráfico urbano y vehículos de movilidad personal.

El debate surge tras la insistencia de la alcaldesa Moriyón en adaptar la norma local para mejorar la convivencia en espacios como el centro y el carril bici segregado del Muro, afectado ya por la circulación de patinetes o bicicletas. Su objetivo es que la normativa local complemente las reglas fijadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ya regula aspectos básicos del uso de estos dispositivos a nivel estatal.

La DGT establece que los patinetes eléctricos deben cumplir ciertos requisitos de circulación y seguridad, pero deja un margen para que las ciudades adapten la convivencia vial a sus particularidades. Sin embargo, Barcia recuerda que cualquier regulación local debe respetar el marco jurídico nacional y evitar que las ordenanzas municipales entren en conflicto con estas leyes, para evitar recursos o problemas legales posteriores.

Gijón no es la única ciudad que debate cómo integrar los patinetes eléctricos en su movilidad urbana. Varias ciudades españolas han aprobado ordenanzas específicas, con medidas que van desde la limitación de velocidad, regulación de zonas de circulación y estacionamiento, hasta la prohibición en determinados lugares sensibles. El impacto social y la seguridad vial son los principales factores en estas discusiones.

El concejal Barcia aboga por que la regulación quede en manos estatales para asegurar uniformidad y evitar un mosaico de normas municipales con efectos contradictorios. Mientras tanto, la alcaldesa Moriyón defiende un posicionamiento colaborativo, en el que la normativa municipal acompañe la estatal para abordar las necesidades locales de forma adaptada y con controles claros.

Este desencuentro refleja las tensiones actuales en España sobre la gestión de nuevos vehículos de movilidad personal y la distribución de competencias entre ayuntamientos y el Estado. Gijón sigue en busca de un equilibrio que garantice la seguridad vial, facilite la movilidad sostenible y evite vacíos legales que dificulten la aplicación de sanciones y medidas preventivas.

En este contexto, los ciudadanos usuarios de patinetes esperan una regulación que les permita circular con seguridad pero sin prohibiciones excesivas, mientras el Ayuntamiento debe buscar consensos para evitar litigios y garantizar un marco normativo claro.

Para conocer más sobre la regulación de estos vehículos, consulte las directrices de la Dirección General de Tráfico y el debate vigente en el Ayuntamiento de Gijón.