Decenas de miles de libaneses desplazados emprendieron el camino de vuelta a sus aldeas en el sur del país, desbordando la carretera que une Beirut con Saida desde las primeras horas de la madrugada. El movimiento masivo se produjo a pesar de las advertencias en sentido contrario que llegaban desde frentes opuestos: el Ejército israelí había ordenado no cruzar al sur del río Litani, mientras que el propio Hizbolá pedía a la población que no regresara hasta tener garantías sobre las intenciones del que el grupo llama el "enemigo".

La imagen de una autopista completamente saturada de vehículos cargados con enseres, colchones y familias enteras resume la magnitud de un retorno que las autoridades libanesas no habían autorizado de forma oficial, pero que tampoco consiguieron frenar. La presión acumulada tras meses de desplazamiento forzado y la necesidad de comprobar el estado de los hogares impulsó a miles de personas a ignorar los llamamientos a la cautela.

El sur del Líbano ha sido escenario de enfrentamientos continuos entre las Fuerzas Armadas israelíes y Hizbolá en el marco de la escalada regional vinculada al conflicto en Gaza. Durante ese periodo, localidades enteras de la franja fronteriza quedaron deshabitadas y sometidas a bombardeos que dejaron una destrucción extensa. La magnitud del daño en infraestructuras, viviendas y servicios básicos convierte el regreso en una apuesta con muchas incógnitas para quienes lo intentan.

La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2006 estableció las condiciones del cese de hostilidades anterior entre Israel y Hizbolá, sigue siendo el marco de referencia para las negociaciones de alto el fuego en la región. La UNIFIL, la fuerza de interposición desplegada en el sur libanés, ha advertido en distintas ocasiones sobre las dificultades para garantizar la seguridad en zonas donde la presencia de munición sin detonar y estructuras dañadas representa un riesgo real para los civiles.

La tensión entre el deseo de retorno de la población y las condiciones efectivas sobre el terreno es el eje central de esta crisis humanitaria. Organizaciones internacionales como ACNUR han documentado el alcance del desplazamiento interno en el Líbano a lo largo del conflicto, señalando que en los momentos de mayor intensidad bélica el número de personas que abandonaron sus hogares en el sur superó el medio millón. Muchas de ellas se hacinaron en escuelas, edificios públicos o en casas de familiares en Beirut y otras ciudades del norte.

El regreso, aunque espontáneo y masivo, tiene una naturaleza incierta. Las propias autoridades libanesas y varios organismos de ayuda humanitaria insisten en que volver no equivale a estar a salvo: la presencia de explosivos no detonados, el estado ruinoso de muchas estructuras y la falta de agua corriente o electricidad en amplias zonas del sur hacen que el regreso a los pueblos de origen sea, para muchas familias, el inicio de otro calvario distinto al del desplazamiento. Las estimaciones de los daños en infraestructuras apuntan a cifras que requerirán años y una financiación internacional considerable para ser reparadas.

Israel, por su parte, mantiene su postura de que el sur del Litani no reúne condiciones de seguridad suficientes para el retorno civil mientras no se garantice el desmantelamiento de la capacidad militar de Hizbolá en esa franja. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha condicionado repetidamente cualquier acuerdo de estabilización a que las milicias del grupo chií se retiren de la zona fronteriza y se impida su rearmamento. Hizbolá, a su vez, rechaza esas condiciones como una interferencia en la soberanía libanesa.

El colapso de la carretera Beirut-Saida es, en ese contexto, tanto un dato logístico como un termómetro político: refleja hasta qué punto la población civil ya no espera el permiso de ninguno de los actores en conflicto para intentar reconstruir su vida. Si el regreso durará más allá de los diez días que algunos mencionan como horizonte provisional, o si una nueva escalada volverá a forzar la huida, depende de una estabilidad que, por ahora, nadie en la región puede garantizar.