La adjudicación del mega contrato estatal de ciberseguridad bajo el paraguas del contrato CORA III ha sufrido un nuevo revés. El Ministerio de Transformación Digital ha decidido suspender indefinidamente la adjudicación a Telefónica por falta de respaldo presupuestario, en un proceso marcado por reclamaciones, recursos legales y la incertidumbre sobre las partidas económicas asignadas.

Este contrato, valorado inicialmente en 63,06 millones de euros sin IVA, forma parte de un proyecto más amplio de centralización de servicios digitales y telecomunicaciones para la Administración Central. La suspensión afecta al Lote 3, que tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad del Estado.

La controversia se remonta a la decisión original de excluir a Telefónica de la adjudicación debido a que uno de sus proveedores, Govertis, no contaba con el obligatorio Plan de Igualdad exigido para contratar con la Administración. Esta exclusión fue anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el 26 de mayo, obligando a la mesa de contratación a elevar a Telefónica como adjudicataria del contrato, desplazando a la UTE Masorange, filial de Orange, que había sido la primera adjudicataria por presentar la oferta económica más competitiva.

Sin embargo, la UTE Masorange también fue descalificada debido a que uno de sus socios, Mnemo, carecía del Plan de Igualdad requerido, situación que sustentó la reapertura del proceso en favor de Telefónica. Pese a esta decisión favorable, una nueva dificultad ha emergido: la imposibilidad del Ministerio para proceder con la adjudicación debido a una "pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente", motivada por la anulación de las Retenciones de Crédito por parte de los organismos cofinanciadores. Estos organismos son el IMSERSO, el INGESA y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), que gestionan distintas partidas presupuestarias asociadas.

El comunicado oficial indica que, mientras no exista constancia fehaciente del restablecimiento y autorización de los créditos correspondientes, la tramitación del procedimiento queda suspendida, paralizando la continuidad de la actividad sin que se practique actuación adicional alguna. Esta incertidumbre presupuestaria fuerza un aplazamiento indeterminado que probablemente extenderá la resolución del contrato a después del verano de 2024.

Este contrato es especialmente relevante porque forma parte de la hoja de ruta para mejorar la seguridad informática del Estado, que afronta crecientes amenazas cibernéticas, especialmente en sectores críticos ligados a la sanidad y la atención social, áreas representadas por los organismos involucrados en la financiación. La correcta adjudicación y ejecución de estos contratos es clave para garantizar la protección de infraestructuras y datos sensibles.

Además, la suspensión llega en un contexto de litigios: Masorange anunció la presentación en 2023 de un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional impugnando su descalificación, lo que añade una dimensión judicial al retraso administrativo.

En términos más amplios, la situación refleja los retos estructurales que afronta la Administración Pública española en materia de contratación pública, donde los estrictos requisitos legales, las disputas entre licitadores y la coordinación interministerial resultan a menudo en paralizaciones que demoran procesos esenciales para la modernización digital del país.

El contrato CORA III, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debe centralizar servicios digitales para la Administración General del Estado y garantizar la seguridad de las telecomunicaciones, un ámbito donde las inversiones están consideradas prioritarias a nivel europeo. La situación actual evidencia las dificultades para encajar todas las piezas en tiempo y forma, sobre todo cuando los recursos vienen de diferentes organismos sectoriales.

La clave para desbloquear la situación reside en la reactivación de la cobertura presupuestaria y la confirmación de la adjudicación tras resolver los recursos pendientes. Mientras tanto, el retraso plantea riesgos para la agenda de ciberseguridad estatal e introduce incertidumbre entre los actores del sector tecnológico y los proveedores implicados.

Es fundamental que el Ministerio de Transformación Digital y los organismos cofinanciadores solucionen esta cuestión lo antes posible para evitar que los retrasos afecten la capacidad del Estado para protegerse frente a ataques informáticos cada vez más sofisticados, en un contexto de creciente digitalización de la administración pública.

Para conocer más detalles sobre la normativa de contratación pública y los requisitos como el Plan de Igualdad, se puede consultar la Ley de Contratos del Sector Público y sobre los planes presupuestarios, la intervención general de la administración del Estado.