Viktor Orbán lleva más de una década siendo la piedra en el zapato de Bruselas. El primer ministro húngaro, que comenzó su carrera política como referente liberal en los años noventa, ha protagonizado una de las transformaciones ideológicas más radicales de la política europea reciente: de europeísta convencido a principal obstáculo dentro de la Unión. Ahora, con su posición debilitada y la presión institucional en máximos, la pregunta que recorre los pasillos de las instituciones comunitarias es qué cambia —y qué no— cuando el hombre más incómodo de Europa pierde fuerza.
El mecanismo que ha permitido a Orbán ejercer ese poder de bloqueo es, en apariencia, sencillo: el derecho de veto en política exterior. Bajo las reglas de la UE, las decisiones en este ámbito exigen la unanimidad de todos los Estados miembro. Con 27 países en la mesa, basta con que uno diga no para paralizar cualquier iniciativa. Y Hungría, bajo la dirección de Orbán, ha explotado ese mecanismo como ningún otro gobierno europeo en la historia reciente, según han documentado las propias instituciones comunitarias.
La lista de bloqueos es extensa. Budapest vetó durante meses los fondos europeos de ayuda a Ucrania, obligando a los socios comunitarios a buscar fórmulas alternativas para sortear el escollo. También bloqueó o dilató sucesivos paquetes de sanciones contra Rusia tras la invasión de febrero de 2022, en una actitud que sus críticos calificaron directamente de alineación con los intereses de Moscú. A eso se suman vetos a medidas de política migratoria y, en un episodio que llamó especialmente la atención, el bloqueo de una declaración conjunta de condena al fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. Cada uno de estos episodios generó tensión diplomática y forzó a los demás gobiernos a negociar concesiones o rodeos institucionales para avanzar.
De liberal a nacionalista: la metamorfosis de Orbán
Entender el peso real de Orbán en Europa exige repasar su trayectoria. En 1989, siendo un joven estudiante, se hizo famoso en Hungría por exigir en público la retirada de las tropas soviéticas, en plena caída del Muro de Berlín. Fundó Fidesz como un partido liberal y juvenil, y su primera etapa como primer ministro, entre 1998 y 2002, fue considerada relativamente moderada. La ruptura vino después de su regreso al poder en 2010, cuando comenzó a desmantelar de forma sistemática los contrapesos democráticos: la independencia judicial, la libertad de prensa y el sistema electoral.
Desde entonces, Hungría ha acumulado expedientes abiertos en la UE por vulneración del Estado de derecho. La Comisión Europea llegó a congelar miles de millones de euros en fondos de cohesión destinados a Budapest, precisamente como consecuencia de esas irregularidades. La presión financiera fue uno de los pocos instrumentos reales que los socios europeos encontraron para limitar el margen de maniobra de Orbán sin tocar las reglas de unanimidad.
El coste real para la UE
El impacto de esta estrategia de bloqueo sistemático no es solo político, sino también económico y estratégico. Cada vez que Hungría vetaba un paquete de sanciones a Rusia, el proceso debía reiniciarse o rediseñarse para excluir a Budapest de las votaciones que lo permitieran. Esto ralentizó la respuesta europea en momentos críticos del conflicto en Ucrania y generó una percepción de desunión que, según analistas, fue aprovechada por el Kremlin en su comunicación exterior.
El conflicto entre Orbán y sus socios europeos también afectó a las negociaciones presupuestarias plurianuales. Hungría utilizó su posición en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual para arrancar compromisos o retrasar acuerdos, en una táctica que muchos diplomáticos europeos describieron en privado como negociación de rehenes. La lógica era simple: el veto tiene valor mientras exista la unanimidad, y Orbán lo supo explotar mejor que nadie.
¿Qué queda después de Orbán?
La cuestión ahora es si la salida de Orbán del primer plano europeo —o una eventual derrota electoral en Hungría— cambia realmente la ecuación. La respuesta no es sencilla. El sistema de unanimidad seguirá existiendo, y cualquier otro gobierno, en cualquier otro país, podría en teoría replicar la misma estrategia. Lo que sí cambiaría es la intensidad y sistematicidad del bloqueo, que en el caso húngaro ha sido extraordinaria.
El debate sobre si la UE debe reformar sus mecanismos de decisión en política exterior para pasar a la mayoría cualificada —eliminando así el veto individual— lleva años sobre la mesa, pero avanza con lentitud. Países como Francia y Alemania han expresado apoyo a esa reforma, mientras que otros Estados más pequeños temen perder capacidad de influencia si se elimina la unanimidad. El Consejo Europeo no ha logrado hasta ahora un consenso suficiente para impulsar ese cambio.
Mientras tanto, Bruselas respira. La perspectiva de operar sin el bloqueo sistemático de Budapest abre un margen que los diplomáticos comunitarios llevan años reclamando. Pero nadie en las instituciones europeas da por superado el problema de fondo: las reglas que permitieron a Orbán ejercer ese poder siguen vigentes, y con ellas, la posibilidad de que otro líder decida utilizarlas del mismo modo.