La Asamblea Nacional francesa abre este jueves el debate sobre una propuesta de ley que ha generado una movilización ciudadana inusual antes incluso de llegar al hemiciclo. Más de 650.000 personas han firmado una petición oficial pidiendo el rechazo de la iniciativa, conocida popularmente como ley Yadan, por el nombre de su impulsora: Caroline Yadan, diputada que representa a los ciudadanos franceses residentes en Israel y conocida por su cercanía al partido Likud del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El texto propone ampliar la definición legal del antisemitismo en Francia para abarcar, según sus promotores, «las nuevas formas» que habría adoptado este tipo de discriminación. Yadan y quienes la apoyan argumentan que los marcos jurídicos vigentes resultan insuficientes para perseguir manifestaciones contemporáneas de odio hacia la comunidad judía, algunas de ellas expresadas bajo el paraguas de la crítica política a Israel o a sus dirigentes.

La propuesta ha sido recibida con alarma por una parte amplia del espectro político y civil francés. Sus detractores alertan de que la redacción del texto, tal y como se plantea, podría equiparar la crítica al Gobierno israelí o la solidaridad con la causa palestina con conductas antisemitas, lo que supondría, a su juicio, una restricción grave de la libertad de expresión. Entre los firmantes de la petición en contra figuran académicos, juristas, periodistas y activistas de derechos humanos, además de representantes de diversas organizaciones propalestinas que llevan meses movilizadas a raíz de la ofensiva militar israelí en Gaza.

El debate llega en un momento de especial tensión social en Francia, donde las manifestaciones de solidaridad con Gaza han sido numerosas desde el inicio del conflicto tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Algunas de esas concentraciones fueron prohibidas o dispersadas por las autoridades en los primeros meses, lo que ya generó controversia sobre los límites del derecho a la protesta en el país. En ese contexto, el temor a que una nueva norma pueda utilizarse para acallar voces discrepantes con la política israelí resulta especialmente sensible.

Francia cuenta ya con legislación específica contra el odio y la discriminación. La Ley Gayssot de 1990 tipificó como delito la negación del Holocausto y sentó las bases de la normativa antirracista y antisemita francesa. Desde entonces, el ordenamiento jurídico ha incorporado sucesivas modificaciones para adaptarse a nuevas realidades, incluidos los discursos de odio en internet. Los críticos de la ley Yadan consideran que la legislación existente ya es suficiente y que la nueva propuesta introduce una ambigüedad peligrosa al vincular el antisemitismo con la crítica política a un Estado concreto.

El asunto también ha reabierto el debate en torno a la llamada definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), adoptada como referencia por varios países y organismos europeos. Esta definición, no vinculante en origen, incluye entre sus ejemplos ilustrativos algunas formas de crítica a Israel que podrían considerarse antisemitas, lo que ha sido cuestionado por numerosos académicos, entre ellos algunos de tradición judía, por entender que confunde el antisionismo político con el odio étnico o religioso.

Desde el Gobierno de Emmanuel Macron no ha habido hasta ahora un posicionamiento oficial claro sobre la propuesta, que en cualquier caso debe superar el trámite parlamentario antes de convertirse en norma. La Asamblea Nacional, en su configuración actual, es un escenario fragmentado donde ningún bloque cuenta con mayoría absoluta, lo que hace difícil anticipar el resultado del debate. El texto podría ser enmendado de forma sustancial o incluso no prosperar si no consigue los apoyos suficientes.

Lo que sí parece evidente es que la discusión sobre la ley Yadan ha convertido el Parlamento francés en un nuevo frente en el que se dirime una tensión que va mucho más allá de las fronteras de Francia: cómo equilibrar la lucha contra el antisemitismo —una causa que en Europa tiene una dimensión histórica y moral de primer orden— con el derecho a criticar las decisiones de un Gobierno extranjero en un contexto de conflicto armado con un enorme coste en vidas civiles. El debate parlamentario de este jueves será, al menos, el primer test de hasta dónde está dispuesta a llegar la clase política francesa en esa disyuntiva.