El juicio que esta semana ha arrancado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas durante la pandemia trasciende con mucho la cuestión concreta que se dirime en la sala. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las defensas están utilizando los interrogatorios a testigos para sembrar argumentos que resultarán decisivos en las causas paralelas que se instruyen en la Audiencia Nacional, donde otros implicados esperan su turno en el banquillo.

La razón de fondo es sencilla: el Supremo es el órgano que, en última instancia, revisará en casación cualquier sentencia que dicte la Audiencia Nacional sobre el denominado caso Koldo. Lo que resuelvan los siete magistrados encargados de juzgar a los tres acusados sentará un precedente difícilmente esquivable para el resto de ramificaciones del procedimiento. De ahí que cada pregunta formulada durante la vista tenga un doble destinatario: el tribunal que escucha en ese momento y el que lo hará más adelante.

La estrategia de Anticorrupción con Pardo de Vera

El fiscal Alejandro Luzón ha dejado pistas claras de hacia dónde apunta su estrategia respecto a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que figura como imputada en la pieza de la Audiencia Nacional. Cada vez que un testigo ha mencionado alguna intervención de Pardo de Vera —especialmente en relación con las quejas que generaba Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos—, Luzón ha repreguntado para dejar constancia del papel que habría jugado la alta cargo.

Un ejemplo revelador lo ofreció el testimonio de Ignacio Zaldívar, exsubdirector de Adif encargado de los proyectos en los que Rodríguez supuestamente trabajaba a través de Tragsatec. Zaldívar explicó que en sus notas internas identificaba a la expareja del ministro con el término "presidencia", una etiqueta que adoptó después de que la propia presidenta de Adif le trasladara que el ministro había pedido que no se molestara a esa persona. Cuando el fiscal preguntó con aparente naturalidad quién ocupaba la presidencia de Adif en aquel momento, la respuesta fue inequívoca: Isabel Pardo de Vera. Un dato que queda registrado en acta y que podrá ser invocado cuando llegue el procedimiento en la Audiencia Nacional.

Otros testigos reforzaron la imagen de una relación conflictiva alrededor de Rodríguez. Luis Alberto Escolano, amigo de Aldama que costeó durante dos años el alojamiento de la mujer en la Torre de Madrid, describió su temperamento "inconformista". Zaldívar, por su parte, habló de la "altivez" y "soberbia" que percibió cuando ella le exigió que presentara su currículum.

La defensa de Koldo mira a la Audiencia Nacional

Desde el lado contrario, la abogada Leticia de la Hoz, que representa a Koldo García, a su exmujer Patricia Úriz y a su hermano Joseba García Izaguirre, ha orientado buena parte de su intervención a reducir la exposición penal de este último en el procedimiento de la Audiencia Nacional. Joseba, empleado de Ineco y bajo cuya supervisión habría estado formalmente Jésica Rodríguez, compareció como testigo e imputado y solo aceptó responder a las preguntas de su propia defensa.

A través de ese interrogatorio controlado, De la Hoz buscó ofrecer una explicación completa a los hechos que se le atribuyen, incluidos los pagos en efectivo recibidos desde la sede del PSOE en la calle Ferraz. La versión que Joseba trasladó al tribunal es que esos fondos correspondían a adelantos de gastos realizados previamente por su hermano Koldo, una línea argumental que previsiblemente repetirá cuando se siente ante la Audiencia Nacional.

Los testigos que no hablan: ensayo para los 'mosqueteros'

Las sesiones han puesto de manifiesto un patrón que se repetirá en las próximas jornadas: un número considerable de testigos citados ante el Supremo están también imputados en la Audiencia Nacional, lo que les permite ampararse en su derecho de defensa para no responder a las preguntas incómodas. El resultado práctico es que su declaración aporta poco al juicio en curso, pero permite a las acusaciones ensayar sus baterías de preguntas de cara al futuro.

Es lo que ha ocurrido con dos de los tres socios de Aldama que compartían con él un grupo de WhatsApp bajo el nombre "los mosqueteros": Ignacio Díaz Tapia y César Moreno. El primero apenas admitió haberse sometido a unas pruebas médicas en el Ministerio de Transportes, sin entrar en las cuestiones del fiscal sobre presuntos pagos a Koldo o sus negocios con el comisionista. Moreno, por su parte, esquivó las preguntas sobre los 10.000 euros mensuales que, según sus propios mensajes, se entregaban al asesor ministerial, así como sobre la existencia misma del chat "Mosqueteros".

La excepción fue la empresaria Carmen Pano, imputada en la trama de hidrocarburos, que sí respondió a todo lo relacionado con su vínculo con Aldama y con los dos encargos que este le hizo para entregar un total de 90.000 euros en la sede de Ferraz. Su disposición a declarar contrastó con el silencio mayoritario de los demás testigos-imputados.

Lo que queda por delante

Todo apunta a que las próximas sesiones del juicio seguirán el mismo guion. El tercer "mosquetero", Javier Serrano, varios exaltos cargos de Transportes y la propia Isabel Pardo de Vera están citados como testigos, pero su condición de imputados en la Audiencia Nacional hace prever que optarán mayoritariamente por guardar silencio. Para las acusaciones, sin embargo, el mero hecho de formular las preguntas ante el Supremo tiene un valor estratégico evidente: les permite ensayar la narrativa que desplegarán cuando estos mismos nombres se sienten como acusados.

El juicio en el Supremo se convierte así en un escenario con doble función. Por un lado, determinará si Ábalos, Koldo y Aldama son culpables de los delitos relacionados con los contratos de mascarillas adquiridos por organismos dependientes del Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria. Por otro, está sirviendo como campo de pruebas para un procedimiento de mayor envergadura en la Audiencia Nacional, donde las ramificaciones del caso Koldo —desde la trama de hidrocarburos hasta las presuntas comisiones y colocaciones irregulares— aún tienen un largo recorrido judicial por delante.