El pasado 26 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó un informe detallado sobre las actividades del grupo autodenominado Hirurok, formado por figuras como Leire Díez, vinculada al PSOE, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso. Según el documento, la intervención de este grupo en la adjudicación del derribo de las baterías de cok en Avilés marcó el comienzo de una relación comercial que incluyó pagos ilícitos.

La UCO sostiene que la licitación del contrato para demoler las baterías fue el punto de partida de una serie de transacciones entre la empresa Erri Berri y las sociedades Mediaciones Martínez y Servinabar. Estas firmas fueron utilizadas para canalizar las comisiones ilegales, conocidas comúnmente como 'mordidas', que alcanzaron los 400.000 euros en este caso concreto.

Este acuerdo fraudulento muestra la conexión directa entre los miembros del grupo Hirurok y los procesos públicos de contratación, ilustrando un entramado empresarial y político que desvió fondos mediante pagos encubiertos. La Guardia Civil continua investigando para esclarecer el grado de participación y el impacto de estas prácticas en licitaciones públicas.

El informe se enmarca dentro de una causa más amplia que analiza la influencia del ex presidente de la SEPI y su relación con empresarios vinculados a Leire Díez. La figura de la política socialista ha sido objeto de atención por su papel presunto en facilitar y mediar en este entramado de contratos y comisiones ilícitas.

Las baterías de cok, situadas en la comarca de Avilés, tenían previstas distintas intervenciones de derribo cuyo proceso de licitación quedó bajo lupa tras indicios de corrupción. La importancia de este contrato radica en su tamaño económico y su relevancia estratégica para las empresas involucradas, que respondían a intereses particulares y comunes dentro del grupo investigado.

El proceso de investigación incluye el análisis del flujo de capitales entre las empresas Mediaciones Martínez y Servinabar, catalogadas como las intermediarias en el pago de mordidas a los responsables políticos y empresariales que formaban el grupo Hirurok. Según fuentes oficiales, estas compañías fueron clave para ocultar el movimiento de los fondos y para mantener la apariencia legal de las operaciones.

También destaca que, conforme a los documentos, esta operación representó la primera vez que Erri Berri y las mencionadas empresas tuvieron un vínculo comercial dentro del marco del grupo investigado, abriendo la puerta a posteriores relaciones y contratos bajo métodos similares.

Este caso ha encendido las alarmas sobre la transparencia en la gestión pública en Asturias, especialmente en Avilés, donde la combinación de intereses políticos y empresariales ha puesto en jaque la confianza ciudadana. Las investigaciones se mantienen abiertas y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos detalles sobre las posibles implicaciones y responsables.

Para más información sobre la Unidad Central Operativa y sus investigaciones, puede consultarse el sitio oficial de la Guardia Civil, donde se publican informes y actualizaciones.

Asimismo, el caso se vincula con asuntos anteriores relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyos procesos y contratos también están siendo revisados por organismos de control a nivel estatal.

La UCO ha dejado claro que este informe es un paso crucial para entender la dinámica corrupta que había detrás de licitaciones públicas en Asturias, y que el caso de las baterías solo fue el origen visible de un entramado mucho más amplio que afecta a sectores políticos y económicos.