El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad del llamado 'caso Plus Ultra' por supuesta vulneración de derechos fundamentales. La petición se efectuó mediante un incidente de nulidad presentado recientemente y al que ha tenido acceso Europa Press.
Zapatero argumenta que se han vulnerado derechos esenciales como el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, un proceso justo con todas las garantías, la tutela judicial efectiva sin indefensión y la presunción de inocencia. Además, reclama que se excluyan del proceso todas las evidencias obtenidas durante las entradas y registros realizados tanto por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que inició la investigación, como por la propia Audiencia Nacional.
Según la defensa del exlíder socialista, el procedimiento se inició a partir de unas conversaciones privadas que habrían sido analizadas sin autorización, y advierten que existen maniobras que buscan trasladar el caso a órganos judiciales considerados más convenientes, eludiendo el juez ordinario que legalmente debería encargarse de la causa.
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional a cargo del proceso, José Luis Calama, ha ordenado investigar el origen y posible índole delictiva de las filtraciones que han salido a la luz referentes a los chats entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar. En un auto conocido por Europa Press, el magistrado ha remitido testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para profundizar en dichas filtraciones, dada la gravedad y la posible configuración como delito de revelación de actuaciones reservadas.
El juez también ha decidido crear una pieza separada denominada "información sensible", que incluirá grabaciones audiovisuales de declaraciones de testigos e investigados, y cuyo acceso estará restringido solo al juzgado y al Ministerio Fiscal. Esta medida se toma en respuesta a la constante y rápida divulgación de información a los medios, llegando a su punto más alto con la publicación integral del informe policial más reciente.
Este último informe, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, investiga presuntas influencias de Zapatero relacionadas con el Gobierno de Bolivia para beneficiar a una empresa peruana. Dicha investigación incluye la carpeta de anexos con los mensajes entre Zapatero y su secretaria durante el periodo en cuestión. El juez Calama destaca que la difusión completa de esos documentos, que contienen datos incompatibles con su publicación, constituye una evidente violación del deber de reserva y puede implicar delitos penales y responsabilidades disciplinarias.
Finalmente, el magistrado ha limitado el acceso a la nube con la documentación procesal para las acusaciones populares, restringiéndolo exclusivamente a la representación legal bajo la que se han agrupado, en este caso, el Partido Popular (PP).
Esta controversia judicial pone en el foco la delicada gestión de pruebas y confidencialidad en casos con alto interés mediático y político, subrayando la tensión entre la transparencia y la protección de derechos procesales que caracteriza a este procedimiento que todavía está en fase de instrucción. Para más detalles sobre las actuaciones judiciales, se puede consultar la información actualizada en Europa Press.