El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo para actualizar el reglamento 261/2004, que protege a los pasajeros aéreos, tras más de trece años de negociaciones. La reforma, que probablemente entrará en vigor en 2027, obliga a las aerolíneas a incluir inicialmente en sus tarifas el precio de un billete con una maleta de mano permitida, aunque los viajeros podrán renunciar a ella y descontar ese coste.
Este cambio quiere facilitar la comparación de precios y evitar sorpresas en la compra, un aspecto que ha generado controversia entre las compañías aéreas, especialmente las de bajo coste como Ryanair, Vueling o easyJet, que temen que esta obligación incremente artificialmente sus tarifas. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) sostiene que obligar a sumar la maleta podría elevar los precios para un 40% de los usuarios que no la utilizan, y cree que se desvirtúa el principio de elección del consumidor estipulado en la normativa europea.
Por otro lado, las condiciones de compensación por retrasos y cancelaciones se mantienen sin cambios. Los pasajeros tienen derecho a indemnizaciones si sus vuelos llegan con retrasos superiores a tres horas o se anulan con menos de 14 días de antelación. Los importes son de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, 400 euros para rutas entre 1.500 y 3.500 km dentro de la UE, y 600 euros para vuelos más largos o internacionales. Además, las aerolíneas deben proporcionar asistencia, incluyendo comidas, acceso a internet y alojamiento gratuito en caso de pernocta, cubriendo también el transporte desde y hacia el aeropuerto.
La nueva regulación también fortalece los derechos informativos de los pasajeros. Las aerolíneas estarán obligadas a notificar electrónicamente a los usuarios su derecho a reclamar compensación dentro de las 96 horas siguientes al vuelo afectado, y responder a las solicitudes en un plazo máximo de 30 días. Se elimina la práctica del "no-show", que permitía a las aerolíneas negar el embarque en el vuelo de regreso si el pasajero no había usado el trayecto de ida.
Este reglamento aplica a todos los vuelos operados en la Unión Europea, así como a los vuelos que aterrizan en la UE desde terceros países si son operados por aerolíneas europeas, y a los que despegan desde la UE hacia destinos fuera, operados por compañías tanto europeas como de fuera.
Desde el punto de vista del sector, entidades como Airlines for Europe (A4E) consideran que la revisión no aborda adecuadamente los problemas reales, como los retrasos y cancelaciones. Además, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) advierte que la implementación podría costar alrededor de 8.000 millones de euros anuales, señalando que los principales cambios son la lista ampliada de causas extraordinarias que eximen de indemnización y la obligación de que los aeropuertos desarrollen planes de contingencia ante incidencias masivas.
El acuerdo alcanzado debe aún pasar la ratificación en el pleno del Parlamento Europeo, prevista para julio, que se considera un trámite formal. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea aproximadamente 20 días después, comenzará un periodo de un año hasta su aplicación efectiva en los estados miembros. Esta regulación será directamente aplicable sin necesidad de trasposición al derecho nacional.
En definitiva, los viajeros disfrutarán de una mayor transparencia en los precios y una confirmación de sus derechos de compensación, aunque el sector aéreo advierte de posibles incrementos en los costes y limitaciones para adaptarse a estas normas. La entrada en vigor no será inmediata pero marcará un antes y un después en la protección de los pasajeros en la aviación europea.