La Comisión Europea prepara para la próxima semana un paquete de medidas de emergencia ante el deterioro del panorama energético provocado por el conflicto en Oriente Próximo. El comisario europeo de Energía, el danés Dan Jorgensen, fue directo en un encuentro con medios celebrado este miércoles en Bruselas: la situación es grave y las perspectivas a corto plazo no son buenas. Europa no enfrenta una amenaza inmediata para su suministro, pero el margen de maniobra es estrecho y el impacto sobre facturas domésticas y costes industriales ya se está notando.
El diagnóstico de Jorgensen parte de una premisa incómoda: incluso en el escenario más optimista, en el que el conflicto cesara de forma inmediata y el estrecho de Ormuz volviera a estar operativo al cien por cien, los precios no se normalizarían durante años. Las infraestructuras dañadas en Qatar ralentizarían la recuperación del mercado del gas, mientras que en el caso del petróleo, aunque la producción podría retomarse en cuestión de semanas, el tiempo de tránsito de los buques desde la región hasta Europa introduce un retraso estructural inevitable. Eso, en el mejor de los casos.
Medidas inmediatas sobre la mesa
El borrador que maneja la Comisión contempla un abanico de acciones a corto plazo. Entre las más llamativas figuran la imposición de al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana en las empresas, el cierre de edificios públicos siempre que sea técnicamente posible, y reducciones en el precio del transporte público, que en determinados colectivos podría llegar a ser gratuito. Estas medidas buscan reducir el consumo energético de forma rápida sin necesidad de grandes inversiones o reformas legislativas profundas.
En paralelo, Bruselas quiere coordinar los programas nacionales de apoyo a consumidores vulnerables y a los sectores industriales más expuestos al alza de precios. Jorgensen fue explícito: la lección de la crisis de 2022, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, es que las medidas nacionales aisladas funcionan peor que las coordinadas a escala comunitaria. La Comisión se perfila como supervisora y asesora de esos planes, no como ejecutora directa, dado que la fiscalidad y la política energética siguen siendo competencias en gran medida nacionales.
El debate fiscal: electricidad sí, gasolina no
Uno de los puntos más delicados del paquete tiene que ver con los impuestos. Jorgensen reconoció que la fiscalidad es uno de los instrumentos más eficaces para gestionar crisis energéticas, pero lanzó una advertencia clara a los gobiernos que ya han optado por rebajar los impuestos sobre los combustibles fósiles, incluida la gasolina, como ha hecho España con sus bonificaciones al carburante: esa vía puede provocar un aumento aún mayor de los precios al estimular la demanda, y al mismo tiempo agrava los problemas de seguridad del suministro a medio plazo.
La recomendación de Bruselas apunta en la dirección contraria: reducir los impuestos sobre la electricidad, que en algunos países europeos llegan a cuadruplicar los que gravan el gas. Bajar esa carga fiscal tendría un triple efecto positivo según el comisario: alivio inmediato en las facturas de los ciudadanos, impulso a la transición energética y reducción de la demanda de combustibles fósiles. Una medida que, además, puede implementarse con relativa rapidez sin necesidad de grandes reformas estructurales.
Un objetivo de electrificación como horizonte
Más allá de las urgencias inmediatas, la crisis está acelerando un debate que lleva años enquistado en las instituciones europeas: fijar un objetivo vinculante de electrificación para la UE. Jorgensen confirmó que la Comisión trabaja en esa propuesta, aunque reconoció que su concreción requerirá negociaciones con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo. El compromiso, en todo caso, es que ese objetivo será ambicioso.
La lógica detrás de esta apuesta es sencilla pero estructural: mientras Europa dependa de las moléculas —gas, petróleo, carbón— estará expuesta a los vaivenes geopolíticos de las regiones productoras. La transición hacia los electrones, es decir, hacia una economía basada en energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables, es la única vía para reducir esa vulnerabilidad de forma duradera. Europa ha avanzado en este camino desde 2022, impulsando las renovables y diversificando sus fuentes de aprovisionamiento de gas licuado, pero el propio Jorgensen admite que el ritmo no es suficiente.
El contexto en el que llega este nuevo paquete de medidas es significativo. La Agencia Internacional de la Energía ha documentado cómo la dependencia europea del gas ruso se redujo drásticamente tras la invasión de Ucrania, pero el sistema energético del continente sigue siendo vulnerable a disrupciones en rutas marítimas críticas como el estrecho de Ormuz, por el que transita una parte sustancial del petróleo y el gas licuado mundial. La nueva crisis en Oriente Próximo ha vuelto a poner ese talón de Aquiles sobre la mesa, y Bruselas, esta vez, quiere llegar más preparada.