Renfe recibió un duro revés en sus planes de ampliar su oferta de movilidad por carretera. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) anuló completamente el proceso de licitación impulsado por el operador para crear una empresa conjunta con un socio privado que gestionara servicios alternativos al tren.

Este paso judicial obliga a modificar significativamente la estrategia de Renfe, frustrando el proyecto presentado por Álvaro Fernández, presidente de la compañía. El recurso fue presentado por diversas organizaciones y empresas que cuestionaban las bases del llamado "Acuerdo Marco de Servicio de transporte alternativo por carretera".

El tribunal argumentó que Renfe no presentó una justificación clara ni precisa sobre la necesidad de constituir una empresa filial mixta —con un 51% de capital privado— para operar dichos servicios. Según la resolución, no se consideraron otras opciones de contratación de manera suficiente, lo que pone en duda la viabilidad y legalidad del planteamiento inicial.

Asimismo, el Tacrc criticó que la licitación estuviera configurada como un único lote a nivel nacional con un valor estimado superior a 923 millones de euros. Esta falta de fragmentación práctica dificultaba la participación de pequeñas y medianas empresas locales o regionales, generando una barrera para la competencia en el sector.

Otro punto polémico fueron los requisitos de solvencia exigidos en el concurso. Las empresas debían acreditar una facturación anual mínima de 75 millones de euros y la propiedad de, al menos, 500 autobuses —o 300 si concurrían en agrupación—. El tribunal calificó estas condiciones como "desproporcionadas" y una "restricción severa de la concurrencia", sin que estuviera debidamente justificado.

Además, se señalaron trabas a las agrupaciones empresariales, la duración excesiva del contrato (15 años), la falta de publicación obligatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea y la ausencia de transparencia en el desglose de costes. Estos elementos fueron motivos suficientes para que el Tacrc determinara la retroacción y anulación del procedimiento licitatorio.

Este fallo refleja la complejidad de la entrada de Renfe en el mercado del transporte por carretera y pone en evidencia la necesidad de diseñar procesos más abiertos, transparentes y flexibles que permitan la participación de diversos actores del sector. La compañía estatal deberá replantear su estrategia para lograr su objetivo de ofrecer una alternativa al tren mediante uso combinado de autobuses, un modelo que otros operadores europeos ya exploran.

La sentencia se enmarca en un contexto de creciente competencia y regulación en el transporte público y la movilidad integrada en España. El sector busca fórmulas más sostenibles y eficientes para cubrir necesidades de movilidad intermodal sin perjudicar a las pymes y fomentando la competencia justa, como destaca el Tribunal en su resolución.

Renfe deberá ahora iniciar un nuevo procedimiento que cumpla con los criterios exigidos por el regulador y tenga en cuenta las objeciones planteadas para evitar incidentes similares. La respuesta de la operadora estatal y el diseño de ese nuevo plan serán claves para determinar si puede mantener su apuesta por diversificar sus servicios más allá del tren.

Para más detalles, puede consultarse la resolución oficial en el sitio del Tacrc y el análisis de Expansión, donde se ofrece información ampliada sobre el proceso y sus implicaciones.