Las principales operadoras de telecomunicaciones en Europa, entre ellas Telefónica, Orange y Vodafone, han calculado que el coste real para sustituir los equipos de proveedores chinos como Huawei y ZTE podría alcanzar hasta 40.000 millones de euros. Esto duplica las estimaciones iniciales de la Comisión Europea, que en enero situó esta cifra entre 17.000 y 21.500 millones de euros para un periodo de cinco años.

La discrepancia surge en el contexto del proyecto de la nueva ley europea de Ciberseguridad (Cibersecurity Act II o CSA2), que exige eliminar equipamiento de fabricantes chinos considerados de “alto riesgo” para la seguridad nacional por su vinculación con el Gobierno de China. La Comisión Europea clasifica a Huawei y ZTE dentro de este grupo, presionando a los operadores a realizar un reemplazo masivo de infraestructura.

Fuentes del sector en España calculan que la factura podría llegar a 4.000 millones solo en el país, incluyendo redes móviles 5G y redes fijas. Para ponerlo en perspectiva, Telefónica España invirtió 1.522 millones en capital en 2025, por lo que el impacto sería significativo. Este monto resulta muy alto para operadoras con rentabilidad ajustada, altamente endeudadas y que enfrentan competencia feroz, además de la necesidad de continuar desplegando nuevas tecnologías como fibra óptica y 5G.

Las grandes operadoras europeas han respondido con un documento conjunto, presentado en mayo y respaldado por GSMA y Connect, donde consideran las medidas de la CSA2 desproporcionadas. Señalan que la obligación de "arrancar y reemplazar" el equipamiento chino desviará recursos técnicos y financieros valiosos, afectando la innovación y el despliegue de futuras redes, como 6G o aquellas basadas en inteligencia artificial.

Además, el reemplazo acelerado podría generar problemas operativos serios, como fallos o interrupciones de servicio, degradando la experiencia de los usuarios. Las compañías exponen que la autoridad para definir proveedores de alto riesgo debería estar en manos de cada estado, no de la Comisión Europea, ya que la seguridad nacional es competencia nacional.

La CSA2 introduce normas más estrictas que las anteriores herramientas regulatorias. La nueva normativa obliga a que las operadoras eliminen equipos de fabricantes chinos de sus redes móviles en un máximo de 36 meses tras la aprobación, prevista para finales de 2026. Esto implica que a finales de 2029 o principios de 2030 las redes deben estar libres de equipamiento de Huawei o ZTE.

A diferencia del reglamento anterior, que era una recomendación y afectaba solo a redes 5G, la CSA2 impone una obligación extendida a redes móviles, fijas y satelitales. En el caso de las redes fijas, se deja en manos de la Comisión establecer plazos según evaluaciones posteriores que consideren riesgo de seguridad, vida útil de los equipos y el impacto económico.

El ámbito de la norma también abarca más elementos clave de la infraestructura, incluyendo la red de acceso por radio (RAN), sistemas de gestión y troncales de fibra, no limitándose al nodo central de la red.

En el plano político, España se ha posicionado en contra del veto a Huawei y ZTE. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, declaró en el consejo europeo de telecomunicaciones que los estados miembros deben tener voz en la definición de proveedores de riesgo, y no que esta función recaiga exclusivamente en la Comisión Europea.

Este planteamiento se alinea con la postura del Gobierno español, que mantiene relaciones políticas y comerciales cercanas con China. A diferencia de otros países de la UE que han restringido la presencia de fabricantes chinos, España no los considera proveedores de alto riesgo y ha abogado por incluirlos como socios en el desarrollo de redes 5G.

La discusión sobre el reemplazo masivo de equipos chinos pone en evidencia la tensión entre las exigencias de seguridad comunitaria y las capacidades financieras y técnicas de los operadores, al tiempo que refleja distintas visiones nacionales sobre la política tecnológica y comercial en Europa. La decisión final sobre la CSA2 y sus consecuencias económicas marcará el rumbo de las telecomunicaciones en la UE en los próximos años.

Para analizar el impacto económico es interesante comparar los costes estimados con el gasto histórico de inversiones en red que reportan las operadoras en informes oficiales, como los publicados por la Comisión Europea o las propias empresas.

Asimismo, el debate político sobre la soberanía tecnológica frente a la influencia china continúa siendo clave en las negociaciones europeas, con distintos estados mostrando posiciones divergentes que complican la armonización de políticas en la Unión.