La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado para defender la concesión de ayudas públicas a las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa durante la pandemia. En total, ambos rescates sumaron 528 millones de euros y llevan meses en el centro del debate político, especialmente el de la aerolínea de origen venezolano.
Gualda respondió a las preguntas del senador del PP Salvador Foronda dejando claro que Plus Ultra cumplía todos los criterios legales de elegibilidad en el momento en que se concedió la ayuda. Según explicó, la legislación mercantil española considera que una empresa está en crisis cuando su patrimonio neto cae por debajo del 50% de su capital social, circunstancia que no se daba en este caso. Añadió que el Tribunal de Cuentas ha avalado esta interpretación y que una compañía puede registrar pérdidas sin que eso implique insolvencia.
La presidenta de la SEPI también justificó el rescate desde un punto de vista estratégico: Plus Ultra cuenta con una licencia de tipo A, que habilita para operar vuelos de largo radio, y forma parte de un grupo reducido de apenas veinte aerolíneas con esa habilitación en España. A su juicio, prescindir de este tipo de compañías habría reducido la competitividad del país como destino turístico. Cabe señalar que estas ayudas se aprobaron antes de que Gualda ocupara su actual cargo.
En un tenso cruce con el grupo parlamentario Vox, la presidenta rechazó de forma tajante las acusaciones de que habría desmantelado los mecanismos de control internos de la SEPI. Al contrario, aseguró haber reforzado esos sistemas durante su mandato: integró las funciones de seguimiento en las áreas de negocio, creó una unidad de cumplimiento normativo (compliance) de carácter voluntario y amplió los procedimientos de auditoría. Según sus propias palabras, la entidad ha realizado más de 800 auditorías internas. También negó haber ocultado información a la Comisión Europea.
Sobre el rescate de Air Europa, cuyo importe fue notablemente mayor, Gualda afirmó que no se detectó ninguna irregularidad y que la aerolínea estaba al corriente de sus obligaciones tributarias en el momento de recibir la ayuda. Ante las dudas sobre las deudas del grupo Globalia con Hacienda, aclaró que las ayudas del fondo de solvencia se destinaron exclusivamente a la aerolínea y no al grupo empresarial en su conjunto.
Gualda también descartó que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la exministra María Jesús Montero hubieran influido en ninguna de las dos decisiones. No obstante, la sombra judicial sobre el asunto es alargada: el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya ordenó la detención del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y otras personas relacionadas con el caso, que a su vez tiene conexiones con la trama investigada en el caso Koldo. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Gualda aseguró no tener motivos para pedirle la dimisión.