El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado directamente una sentencia reciente del Tribunal Supremo como el detonante de la crisis migratoria que ha vivido Ceuta estos días. Según explicó, el fallo limita la práctica conocida como "devoluciones en caliente" a los migrantes que llegan a nado, lo que ha sido aprovechado por mafias para fomentar la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.
Sánchez, que se desplazó a Ceuta para evaluar la situación sobre el terreno, calificó lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial de España" y un "ataque". Para responder, anunció una medida clara: la colocación de boyas en el mar para crear una barrera física entre España y Marruecos que permita cumplir la sentencia del Supremo y ayude a controlar las entradas irregulares desde el mar.
El fallo del Tribunal Supremo, emitido el 8 de julio, determina que no se pueden realizar devoluciones inmediatas sin proceso administrativo a quienes acceden a Ceuta y Melilla a nado, aunque no afecta a quienes cruzan por tierra o por la valla fronteriza. Esta limitación, según Sánchez, se difundió vía redes sociales y canales usados por las redes criminales que trafican con personas, provocando la avalancha migratoria.
Esta crisis ha generado que desde el jueves pasado aproximadamente 60.000 personas hayan entrado de forma irregular, en una ciudad que tiene 84.000 habitantes. Esta situación ha obligado al cierre temporal de establecimientos y ha generado un ambiente de preocupación y tensión social, visible incluso en enfrentamientos entre ciudadanos y migrantes, que requirieron intervención policial.
Sánchez insistió en que el Gobierno está utilizando todos los recursos estatales para asegurar la convivencia y la seguridad en Ceuta, y garantizó el apoyo a los habitantes locales: "Toda España está con ellos", afirmó. También aseguró que se están acelerando los expedientes para expulsar a los migrantes que han llegado y que muchos ya están retornando voluntariamente a Marruecos, gracias a campañas informativas.
El presidente mencionó la posibilidad de modificar la legislación para adaptar el marco legal a esta nueva situación, pero por ahora está en vigor la sentencia del Supremo. Esta medida de colocar boyas busca facilitar el cumplimiento de la ley desde el punto de vista administrativo, creando una frontera visible y física en el mar que pueda ayudar a contener la entrada desde aguas marroquíes.
En Ceuta, Sánchez fue recibido con protestas por parte de un grupo de ciudadanos que pedían su dimisión. A pesar de la tensión social, se reunió con autoridades locales como Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, y fuerzas de seguridad para coordinar las estrategias de respuesta.
Este episodio no solo pone en evidencia el delicado equilibrio entre políticas migratorias, justicia y cooperación internacional, sino que también refleja las complejidades de un territorio fronterizo con desafíos humanitarios y de seguridad. La respuesta del Ejecutivo apunta a reforzar las fronteras físicas para evitar que decisiones judiciales, aunque legítimas, puedan ser utilizadas por redes ilegales o provoquen situaciones no controladas.
Para más contexto, la sentencia del Tribunal Supremo y las políticas migratorias vigentes pueden consultarse en el sitio oficial del Tribunal Supremo y en informes del Ministerio del Interior, fuentes que explican el marco legal que se está intentando aplicar en Ceuta.