El Gobierno español está ultimando un real decreto que concentrará en Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de la Presidencia, la capacidad de decidir qué grandes proyectos empresariales reciben el respaldo institucional del Ejecutivo y cuáles quedan fuera. El texto regula la composición, estructura y criterios del denominado Comité de Inversiones Estratégicas, un órgano que nacerá con capacidad real para condicionar el futuro de inversiones millonarias en España.
La idea de crear este comité no es nueva. Apareció por primera vez el pasado 21 de marzo, integrada en el decreto de medidas anticrisis que el Gobierno aprobó para hacer frente a la coyuntura económica. Aquel texto —que también incluía la rebaja del IVA para hidrocarburos y reformas en el mercado eléctrico— introdujo la figura de un órgano interministerial justificado por la "extraordinaria y urgente necesidad" de priorizar proyectos de inversión con impacto en el crecimiento económico, la seguridad y la autonomía estratégica del país.
Desde el primer momento, algunos sectores interpretaron la medida como un mecanismo de control gubernamental sobre iniciativas privadas. El sector de los centros de datos, que ha vivido un boom de anuncios de inversión en España en los últimos años, fue el más suspicaz: varios actores del sector leyeron la creación del comité como una herramienta para fiscalizar —y potencialmente bloquear— proyectos que el actual Ejecutivo no ve con buenos ojos, dado su elevado consumo energético y su impacto en la red eléctrica.
Quién manda y cómo se estructura
El borrador del real decreto, del que Expansión ha tenido acceso a los detalles, es bastante explícito sobre el reparto de poder. El artículo 5 define el Comité de Inversiones Estratégicas como un "órgano colegiado interministerial", pero lo adscribe directamente a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno, es decir, al área que dirige Manuel de la Rocha. El artículo 8 va más allá y establece que la presidencia del comité corresponde directamente a quien ocupe esa dirección.
En caso de ausencia del titular, la presidencia recaería en quien designe el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que encabeza Carlos Cuerpo. El comité contará además con tres vicepresidencias: la primera, ocupada por un representante de la propia Oficina Económica de Moncloa; la segunda, por el Ministerio de Industria y Turismo; y la tercera, por el Ministerio para la Transición Ecológica. Más de una decena de departamentos ministeriales tendrán representación como vocales, lo que convierte al órgano en una estructura de coordinación transversal, aunque con un centro de gravedad claro: la Presidencia del Gobierno.
Qué puede hacer y qué criterios usará
Las competencias del comité no son menores. El organismo tendrá potestad para clasificar proyectos empresariales como "estratégicos" o no, una distinción que tiene consecuencias prácticas inmediatas. Los proyectos que obtengan ese sello recibirán, entre otras ventajas, prioridad a la hora de conseguir permisos de conexión a la red eléctrica, un cuello de botella que en los últimos años ha frenado decenas de iniciativas industriales y tecnológicas en todo el país.
Los criterios que el decreto establece para obtener la calificación de estratégico incluyen el volumen total de inversión, la generación de empleo cualificado y la relevancia del proyecto para la seguridad nacional. Estos tres parámetros dejan un margen de interpretación considerable, lo que en la práctica otorga al comité —y por extensión a su presidente— una capacidad de discrecionalidad técnica y política significativa.
El Ministerio de Economía ha defendido que el mecanismo busca precisamente ordenar y agilizar proyectos de alto impacto, evitando que queden bloqueados por la fragmentación de competencias entre distintos organismos. Sin embargo, la decisión de centralizar esa función en la Oficina de Moncloa, en lugar de en un ministerio sectorial o en un organismo independiente, ha generado inquietud entre algunos actores empresariales que ven en el diseño una politización del proceso.
El debate sobre el control público de la inversión privada
La creación de este tipo de mecanismos de supervisión de inversiones estratégicas no es exclusiva de España. La Unión Europea lleva años impulsando marcos de control de inversiones extranjeras —especialmente las procedentes de terceros países— a través del Reglamento de Inversión Extranjera Directa, que entró en vigor en 2019 y ha sido reforzado desde entonces. Sin embargo, el comité español tiene un alcance más amplio: no se limita a inversiones foráneas, sino que puede afectar también a proyectos de capital doméstico.
Ese es precisamente uno de los puntos que genera más debate. Las organizaciones empresariales y algunos juristas han advertido de que la indefinición de los criterios —en particular, el de "seguridad nacional"— puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias difíciles de recurrir. El Gobierno, por su parte, defiende que el comité actúa como facilitador y no como bloqueador, y que la prioridad en el acceso a la red eléctrica es un incentivo real para los proyectos que cumplan los requisitos.
Lo que está claro es que, cuando el real decreto entre en vigor, Manuel de la Rocha tendrá en sus manos una palanca de influencia sobre el mapa inversor español que pocos cargos técnicos han tenido hasta ahora. La industria, el sector tecnológico y los fondos de inversión internacionales con proyectos en marcha en España estarán muy atentos a cómo se aplica en la práctica.