España está bien posicionada para ser una potencia mundial en energías renovables. Tiene recursos naturales, empresas competitivas a nivel global y un marco normativo de referencia como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin embargo, la falta de seguridad jurídica sigue siendo el principal obstáculo para atraer inversión. Así quedó de manifiesto en la mesa redonda sobre renovables celebrada en el IV Encuentro EXPANSIÓN Energía.
Guillermo Negro, CEO de Magnon Green Energy, filial de energías renovables de Ence, reconoció señales positivas en el sector pero advirtió que en materia de suministro, electrificación e infraestructuras queda mucho trabajo por delante. A su juicio, la tramitación de proyectos sigue siendo excesivamente compleja, con un entramado administrativo que ralentiza los plazos y desincentiva la inversión. También alertó sobre la situación de las plantas de biomasa que están llegando al final de su vida útil regulatoria, sin que exista todavía un mecanismo claro que permita extenderla. Mientras tanto, las subastas de cogeneración renovable aún están pendientes de regulación.
José Melo, director adjunto de Veolia España, puso en valor no solo el potencial del país sino también el nivel de implicación social. Citó datos que apuntan a que más del 80% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por energía local descarbonizada. Melo subrayó que, más allá de la eólica y la solar, tecnologías como la geotermia y la biomasa deben ganar protagonismo en la transición energética. Según él, alcanzar los objetivos climáticos solo es posible mediante una colaboración real entre empresas, administraciones y territorios.
Desde la perspectiva legal, Luis Castro, socio del área de Energía de Osborne Clarke España, identificó otro problema creciente: la canibalización de precios. A medida que se instala más capacidad renovable, los precios en el mercado caen, lo que reduce el retorno para los inversores. "La implantación de soluciones hay que bajarla a la tierra o tendremos problemas para seguir instalando", advirtió. Castro también destacó que el foco ya no puede estar solo en la generación, sino que la demanda representa una oportunidad enorme que hay que saber aprovechar, siempre comunicando bien los beneficios para los territorios afectados.
María Couto, CEO de Xeal, abordó la energía como eje de la autonomía estratégica europea. Recordó que desde el inicio de la transición energética se han desplegado 96 GW de capacidad renovable en España, un avance significativo, pero insuficiente si no va acompañado de inversión en redes, almacenamiento y un marco legal estable. Para Couto, el almacenamiento debe tratarse como un activo estratégico, no como un complemento secundario.
Eduardo Barros, director de inversiones de Grupo Negratón, cerró el debate con una mirada optimista pero exigente. Celebró la transformación del sector en la última década, que ha pasado de parecerse más a un negocio inmobiliario que eléctrico a convertirse en un referente industrial. Aun así, señaló que los costes de generación en España son de los más bajos de Europa mientras que el coste eléctrico para los grandes consumidores industriales es de los más altos, una paradoja que urge resolver. El interés inversor sigue ahí, concluyó, pero necesita certidumbre y retornos razonables para materializarse.