El precio de los coches eléctricos ha dejado de ser el principal obstáculo para su adopción masiva en España, gracias a la entrada de nuevos fabricantes y modelos más asequibles. Sin embargo, la infraestructura de recarga continúa siendo una asignatura pendiente que limita la expansión de estos vehículos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado esta situación y destaca los retos aún vigentes para lograr un despliegue eficiente y competitivo de los puntos de recarga.

La experiencia del usuario sigue siendo complicada. Un directivo de un fabricante importante relataba que en una pequeña localidad costera de Cantabria, con pocos habitantes pero un turismo estacional notable, solo existía un cargador público que terminó clausurado por los requisitos municipales para su uso. Este caso ilustra las barreras que enfrentan quienes quieren circular con un coche eléctrico con la misma comodidad que con un vehículo de combustión.

La variedad de aplicaciones para diferentes operadores y la cantidad de puntos inactivos por retrasos administrativos son otros obstáculos. Según el Barómetro de Electromovilidad de Anfac, uno de cada cuatro puntos de recarga públicos en España no está operativo, de un total de 56.682 instalados. Esta cifra ha crecido un 560% desde 2020, pero la red todavía está lejos del objetivo marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé 340.000 puntos para 2030.

Entre los principales operadores destacan Iberdrola | bp pulse, Endesa, Repsol, y otros como Wenea, EDP o Tesla. Los veinte mayores gestionan el 95,3% de la red de recarga pública. No obstante, la potencia media de carga apenas ha aumentado un 4% desde 2021, alcanzando solo los 51,7 kW, lo que no resulta suficiente para reducir significativamente los tiempos de recarga y mejorar la experiencia del usuario.

La distribución geográfica también es desigual. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay zonas con alta concentración de puntos rápidos, mientras que en un 13,5% del territorio no hay ningún cargador de más de 150 kW a menos de 50 kilómetros. Además, en un 35,51% de las áreas hay menos de tres competidores en ese radio, lo que limita la competitividad y opciones para los conductores.

Para afrontar estas dificultades, la CNMC ha propuesto seis medidas clave: simplificar la normativa y mejorar la coordinación administrativa, reducir las cargas burocráticas con ventanillas únicas, diseñar concesiones públicas que impulsen la competencia, promover la transparencia y la interoperabilidad, ajustar las ayudas públicas para que sean competitivas y aumentar la supervisión reguladora con nuevas herramientas.

Un ejemplo de impulso en la red de recarga es la alianza Iberdrola | bp pulse, que cuenta con más de 2.500 conectores en España y Portugal, donde el 70% son ultrarrápidos. Su CEO, Pablo Pirles, asegura que planean duplicar la red en 2025 y seguir creciendo en los años siguientes, con una apuesta clara por optimizar la experiencia del usuario a través de mejoras en velocidad y servicios.

No obstante, Pirles también insiste en la necesidad de mecanismos fiscales que incentiven la compra de coches eléctricos, desde deducciones en IRPF hasta la reducción de IVA o nuevos planes para flotas empresariales y sector del renting, considerado un motor clave para la renovación del parque móvil.

El desarrollo del coche eléctrico en España avanza, pero la infraestructura de recarga rápida debe mejorar de manera significativa para facilitar un uso masivo y competitivo. La coordinación entre administraciones, la simplificación de trámites y las inversiones en tecnología y servicio al cliente serán fundamentales para superar este escollo y acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica. Para más información y datos específicos, se puede consultar el Estudio CNMC sobre la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y el Barómetro de Electromovilidad de Anfac.