Las pensiones de jubilación que se conceden a los nuevos pensionistas en España han aumentado considerablemente en los últimos años. Actualmente, estas prestaciones iniciales representan alrededor del 85% del salario medio, una cifra que refleja el incremento sostenido en las bases reguladoras y en la duración de las carreras de cotización de los trabajadores.
Esta tendencia se traduce en que las nuevas pensiones son de media un 14% más altas que las que se dan de baja, debido a que los nuevos jubilados suelen contar con cotizaciones más largas y bases salariales superiores. Por tanto, logran cobrar prestaciones que, en la mayoría de los casos, alcanzan el 100% de la pensión contributiva.
El crecimiento anual de las pensiones de jubilación se ajusta al Índice de Precios al Consumo (IPC), incrementando su cuantía de forma segura. Sin embargo, los salarios no han seguido un ritmo similar; su evolución ha sido más moderada y heterogénea, sin garantizar siempre que mantengan su poder adquisitivo. Esto provoca una mayor presión sobre los salarios actuales para mantener el sistema de reparto, que financia las pensiones principalmente a través de las cotizaciones sociales y, cada vez más, con impuestos.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social, en mayo de 2024 las nuevas pensiones de jubilación de asalariados ascendieron a 1.763 euros mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 2.056 euros si se distribuye en doce pagas. En comparación, la Encuesta de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al primer trimestre de 2024, sitúa el coste salarial medio en 2.403 euros brutos mensuales en doce pagas. Otra fuente, la Encuesta de Estructura Salarial, establece el salario medio bruto en 2.461 euros mensuales.
Este escenario refleja que, a nivel nacional, las nuevas pensiones representan aproximadamente entre el 83,5% y el 85% del sueldo medio, según la estadística consultada. En algunas comunidades autónomas, esta relación es todavía más estrecha o incluso supera el salario medio. Por ejemplo, en Extremadura la pensión inicial representa el 106,9% del salario medio regional, en Canarias el 105,3%, en Andalucía el 103% y en la Región de Murcia el 102,4%. Otras regiones como Castilla-La Mancha y Galicia se acercan al 99%.
Estas cifras evidencian una creciente equiparación entre las rentas del trabajo y las de las pensiones, un fenómeno que plantea importantes desafíos para la sostenibilidad financiera del sistema público. Aunque la última reforma de pensiones ha aumentado los ingresos por cotizaciones mediante la ampliación de bases máximas y cuotas solidarias, el déficit contributivo sigue creciendo y ronda el 3,7% del PIB.
Este déficit obliga a que el Estado aporte anualmente alrededor de 10.000 millones de euros en préstamos además de otras transferencias para cubrir el pago de las pensiones. En junio de 2024, la Seguridad Social desembolsó 28.432 millones de euros en pensiones, un 6% más que el año anterior, lo que representa el 1,8% del PIB.
El Tribunal de Cuentas advierte que el endeudamiento de la Seguridad Social por préstamos acumulados se eleva a 126.171 millones de euros, de los cuales más de 109.000 millones corresponden a préstamos entre 2017 y 2024. El organismo recomienda que estos créditos se contabilicen junto a las transferencias para reflejar correctamente la deuda del sistema y evitar seguir incrementando su pasivo.
Este análisis pone de manifiesto que el incremento de las pensiones iniciales, cercano al salario medio, es una presión creciente para la financiación pública y plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del modelo actual de pensiones en España, especialmente con la jubilación progresiva de la generación del baby boom.