El lío inmobiliario vinculado a Isabel Díaz Ayuso sumó un nuevo capítulo con la decisión de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, de poner a la venta la casa donde conviven en el exclusivo distrito de Chamberí, Madrid. La vivienda está valorada en 1,8 millones de euros, el doble del precio por el que González Amador la compró en 2022, y se encuentra cerca del ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid para uso provisional de Ayuso durante las reformas en la Casa de Correos.
La compra de ese ático de alto standing por parte del Ejecutivo madrileño había generado críticas y sospechas entre la oposición, que cuestiona la transparencia de la operación y no descarta que pudiera haber un interés personal. Ahora, la venta de la vivienda de la pareja añade más tensión a esta controversia política.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado duramente la gestión y la explicación del gobierno regional. En su cuenta de X, ironizó sobre la falta de alternativas para Ayuso durante las obras, y vinculó directamente la venta del piso con la polémica del ático, calificando de "mentira" las versiones oficiales. Además, Puente instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigir la dimisión de la presidenta madrileña si se confirma la información.
Por su parte, el PSOE ha intensificado la presión y pide examinar el ático adquirido por la empresa pública Planifica Madrid. Mar Espinar, su portavoz en la Asamblea, solicitó formalmente al consejero de Presidencia una visita para comprobar el estado y uso previsto de esa propiedad. Esta petición busca transparentar los hechos ante la ciudadanía, especialmente tras la orden del consejero Miguel Ángel García Martín de poner el ático a la venta y destinar los fondos a la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste.
La oposición acusa a Ayuso de "mentir para ocultar una realidad insostenible" y de que ella y su pareja quieren desvincularse del inmueble familiar mientras mantienen conexiones con el lujo adquirido por la Comunidad. Los socialistas lamentan que la presidenta ofrezca explicaciones solo después de verse acorralada por las críticas y el escándalo, calificando la situación como una vergüenza en una ciudad con problemas serios de vivienda.
Este caso ha generado un debate más amplio sobre la gestión de recursos públicos y la imagen de la presidenta madrileña en plena campaña electoral. Mientras tanto, la venta del piso de González Amador se suma como un elemento de presión sobre Ayuso, que debe afrontar una creciente inquietud social y política por estos movimientos inmobiliarios relacionados con su entorno cercano y el Ejecutivo regional.
El controvertido contexto ha llevado a la oposición a anunciar que llevarán el asunto a todas las instancias, desde la Justicia hasta organismos de control como el Tribunal de Cuentas, para esclarecer posibles irregularidades en la adquisición y posible uso de inmuebles vinculados a la presidenta.
En definitiva, la venta de la vivienda privada de la pareja de Ayuso y la disposición a vender también el ático comprado por el Gobierno madrileño abren un frente complejo de críticas sobre la transparencia y gestión pública de las administraciones en Madrid, con repercusiones políticas inmediatas.