La Comisión Europea ha reavivado el debate sobre la fiscalidad de la riqueza en España con un informe técnico que analiza las deficiencias del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Este tributo, único en su tipo en la UE, convive con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, generado para paliar las disparidades fiscales entre comunidades autónomas.

El informe "Wealth Taxation, Including Net Wealth, Capital and Exit Taxes" no aboga por eliminar el impuesto sino por reconocer sus fallos estructurales. Destaca cómo el diseño actual, complejo y fragmentado, genera distorsiones económicas sin cumplir con eficacia sus objetivos recaudatorios y redistributivos.

Un problema central son las numerosas exenciones, especialmente la relativa a la empresa familiar. Estas salvaguardas, habituales para proteger la inversión y el empleo, revelan en realidad la fragilidad del tributo. Como señala Javier Vinuesa Magnet, socio de Gómez-Acebo & Pombo, la necesidad de tantas exenciones evidencia un error en el planteamiento inicial del impuesto. Esto puede terminar desplazando la carga fiscal hacia patrimonios menos complejos, generalmente de clase media.

Otra cuestión clave es el límite del 60%, que coordina el Impuesto sobre el Patrimonio con el IRPF para evitar una fiscalidad confiscatoria. Sin embargo, esta medida favorece principalmente a quienes pueden gestionar mejor sus rentas financieras, reduciendo la progresividad efectiva del impuesto. Para Vinuesa, la existencia de este tipo de límites complejos indica un problema de diseño básico.

La fragmentación fiscal entre comunidades también añade dificultad. Las diferencias en los gravámenes autonómicos han llevado a una competencia que el Gobierno intentó frenar con el nuevo impuesto temporal para grandes fortunas. No obstante, la Comisión Europea señala que estas soluciones aumentan la complejidad y conflictos jurídicos en lugar de corregir las deficiencias originales.

El informe recomienda que un impuesto patrimonial eficaz debe contar con bases amplias, mínimos exentos robustos y coordinación internacional. Entre las propuestas figura un tributo coordinado a nivel global sobre grandes patrimonios, como el planteado por Gabriel Zucman en el G20. Un tipo impositivo del 2-3% sobre los patrimonios más elevados podría generar recursos importantes en la UE y evitar las distorsiones que acarrean los modelos locales.

En este contexto, la estrategia para España sería eliminar la temporalidad y fragilidad jurídica del impuesto de grandes fortunas, suspender el impuesto patrimonial autonómico para reducir tensiones y llevar el debate al ámbito internacional. La evidencia técnica sugiere que España podría obtener mejores resultados con un enfoque global coordinado, que se aleje de una fiscalidad nacional fragmentada y técnicamente débil.

Este análisis se inscribe en una tendencia europea que ha visto cómo varios países han eliminado sus impuestos sobre el patrimonio debido a problemas de duplicidad fiscal y distorsiones. Francia, por ejemplo, rechazó en su Senado una propuesta de impuesto del 2% para patrimonios superiores a 100 millones de euros, un indicador del escepticismo creciente hacia estos gravámenes.

Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, recuerda que el número de países con impuestos sobre el patrimonio neto ha caído desde los años noventa. Alemania, Suecia, Países Bajos y Francia han optado por eliminar este tributo, principalmente por sus efectos negativos sobre el ahorro.

Este panorama invita a España a replantear su fiscalidad de la riqueza de forma profunda para evitar que un impuesto con tensiones y complejidades internas se mantenga como herramienta clave, cuando la experiencia internacional y técnica recomienda modelos más coordinados y menos distorsionadores.

Para mayor detalle sobre la propuesta de Gabriel Zucman y el debate internacional puede consultarse el informe de la Comisión Europea disponible en su web oficial. Así mismo, el análisis comparativo de los sistemas fiscales en la UE puede hallarse en los documentos de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.

Este debate es esencial para comprender los retos fiscales ligados a la redistribución de riqueza en España y Europa en un momento en que la presión para modernizar los sistemas tributarios y mejorar su equidad es cada vez más intensa.