El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto ley que crea una prestación especial para trabajadores afectados por los incendios forestales de la campaña de alto riesgo de 2026. La ayuda cubrirá el 70% de la base reguladora del salario y será gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La prestación se dirige a quienes no puedan acceder a su trabajo por evacuaciones o restricciones oficiales, así como a quienes deban dedicarse a tareas urgentes vinculadas a la emergencia, como limpieza, traslado o reconstrucción de su vivienda, trámites administrativos o cuidados familiares. Esta nueva ayuda será válida para cualquier incendio que active medidas de protección civil durante el período comprendido entre el 23 de julio de 2026 y el final de la campaña.

El real decreto establece que el beneficio tendrá una duración máxima de cuatro meses y entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con carácter retroactivo desde finales de julio de 2026. De esta forma, los trabajadores podrán cobrar esta prestación sin que consuma sus derechos acumulados de paro, ya que no será necesario contar con un período mínimo de cotización para acceder a ella.

El régimen exime a las empresas del pago de las cotizaciones durante el tiempo en que el empleado esté ausente debido a estas causas extraordinarias. Además, se han incluido garantías para proteger a los trabajadores, estableciendo la nulidad absoluta de cualquier medida represiva que pueda tomar el empleador por la comunicación de la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo.

Según explican desde el Ministerio de Trabajo, la gestión estará coordinada entre el trabajador, que notificará su situación al empleador, y éste último, que comunicará dicha circunstancia al SEPE para generar el derecho a la prestación. Se prevén mecanismos para asegurar que los derechos laborales se mantengan intactos durante la suspensión temporal del contrato por esta causa.

Esta medida representa una novedad importante en la protección social para situaciones derivadas de emergencias ambientales. La financiación correrá a cargo del SEPE, que actualmente cuenta con un superávit cercano a los 1.600 millones de euros, lo que garantiza recursos suficientes para hacer frente a esta contingencia.

El real decreto ley aún debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de un mes, pero su aprobación es un paso clave para responder a los impactos laborales que provocan los incendios forestales en España.

Esta iniciativa se suma a las políticas de apoyo social en emergencias, buscando minimizar el impacto económico y personal que sufren las familias y trabajadores durante estos episodios críticos. La protección frente a represalias y la exención en cotizaciones también suponen un alivio para las empresas afectadas, ayudando a mantener estabilidad laboral durante las crisis.

Para más detalles sobre las condiciones y forma de acceso a esta prestación, se podrá consultar la publicación oficial del BOE una vez se publique la norma, así como las guías y recursos informativos que el SEPE pondrá a disposición de trabajadores y empleadores.

Este decreto se enmarca en una estrategia mayor de respuesta y resiliencia frente al cambio climático y los desastres naturales, que afectan especialmente a ciertos sectores laborales y territorios vulnerables en España. La nueva prestación es un instrumento clave para proteger el empleo y facilitar la recuperación tras emergencias de este tipo.

Para más información sobre protección laboral y medidas emergentes, puedes consultar la página oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el SEPE.