Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido permiso judicial para viajar a Londres esta semana con motivo de la graduación de su hija. Sin embargo, un juez ha negado su solicitud para asistir a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía.
La decisión ha sido adoptada por el magistrado Antonio Viejo, quien sustituyó al juez instructor Juan Carlos Peinado, actualmente de vacaciones. Viejo ha autorizado a Gómez a desplazarse a Londres entre los días 8 y 10 de julio, otorgándole el pasaporte para ese viaje. Este documento deberá ser entregado nuevamente a su regreso a España, previsto para el 13 de julio.
En contraste, la participación de Gómez en la cumbre de la OTAN ha sido rechazada. Aunque fue invitada por razones de cortesía institucional internacional, no tiene un papel activo en la cita. Además, las acusaciones presentes en el caso subrayaron que Turquía no forma parte del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, lo que dificulta la cooperación judicial y policial que normalmente facilita la autorización de viajes en estos casos.
El origen de la restricción está en la suspensión del pasaporte a Gómez y a su entorno más cercano, dictada por el juez Peinado el pasado junio, a raíz de la apertura de juicio oral por un caso que involucra también a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Se les atribuyen presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
En la petición para el viaje, Gómez expresó que viajaría acompañando al presidente Sánchez en un avión oficial hacia Turquía y que el regreso se realizaría vía Londres en un vuelo comercial. También indicó que su seguridad estaría garantizada por el equipo habitual que acompaña al presidente en sus desplazamientos.
Mientras, su defensa ha recurrido la retirada del pasaporte y otras medidas cautelares como la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Sin embargo, las acusaciones populares, principalmente representadas por Hazte Oír, se oponen a que se flexibilicen estas restricciones, argumentando el riesgo fundado de fuga.
El contexto político y judicial de este caso implica un seguimiento especial debido a la figura pública de Begoña Gómez y el impacto que esta situación puede tener en la imagen del Gobierno. La disputa sobre sus derechos de movilidad y las medidas cautelares evidencia la tensión entre la presunción de inocencia y la cautela judicial en procesos ligados a presuntas irregularidades.
La negativa de viajar a Ankara se fundamenta no solo en razones formales, sino también en la delicada cooperación judicial europea, que no se extiende plenamente a Turquía. Esta circunstancia añade complejidad al caso y limita las libertades de que puede gozar una persona en la situación procesal de Gómez.
En definitiva, esta resolución judicial marca un precedente sobre la gestión de medidas cautelares en figuras vinculadas al poder y mantiene el debate abierto acerca del equilibrio entre seguridad jurídica y garantías procesales en España.
Más información sobre el caso y actualizaciones pueden consultarse a través de fuentes oficiales como los comunicados del Ministerio de Justicia y la cobertura en medios como El País o El Mundo.