El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), instrumento clave para sanear la banca española tras la crisis de 2008, ha recuperado aproximadamente un 12% de las ayudas públicas invertidas desde su creación en junio de 2009. Este volumen de dinero regresado al Estado se ha logrado en 17 años, en un proceso lento y complicado que no ha concluido.
El Frob nació con el objetivo de gestionar los rescates bancarios derivados del estallido financiero global y, en particular, la caída de la entidad Bankia. La nacionalización de Bankia en 2012, tras su polémica salida a Bolsa y la posterior crisis interna, supuso la inyección de miles de millones de euros públicos.
Durante los primeros ocho años tras la creación del Frob, no se recibieron dividendos de Bankia debido a que los beneficios y potenciales retornos se destinaron a cubrir sentencias judiciales relacionadas con la mala comercialización de productos financieros, como las preferentes, y a resarcir a inversores afectados por la salida a Bolsa de la entidad. En marzo de 2023, el Frob cobró 721 millones de euros tras la absorción de Bankia por CaixaBank en 2021, siendo este cobro el dividendo más alto percibido en la historia reciente.
Entre 2012 y 2023, la venta acelerada de acciones por parte del Estado reportó 2.123 millones de euros, acompañados de dividendos que suman 1.721 millones en total. La participación actual del Estado en CaixaBank es del 18,1%, valorada en 14.305 millones gracias a la revalorización bursátil. Sin embargo, el Gobierno mantiene la participación pública con la esperanza de maximizar la recuperación de fondos.
España es uno de los pocos países europeos que no ha completado la devolución de todas las participaciones en bancos adquiridas tras la crisis financiera de 2008. Solo Alemania mantiene una participación similar en Commerzbank, con el 12%. El Ejecutivo español ha extendido en varias ocasiones el plazo para desinvertir del capital en CaixaBank, siendo la última prórroga hasta finales de 2027. Esta decisión responde a las expectativas de mayor valorización bursátil para recuperar mejor el dinero público, de acuerdo con el asesoramiento de STJ Advisors.
Por otro lado, el Frob administra el Sareb, conocido como el “banco malo”, creado para asumir activos tóxicos inexistentes tras la crisis. La participación en Sareb se encuentra provisionada al 100%, dado que aún no se vislumbra una recuperación significativa. Se estima que el cierre de Sareb llegará también hacia 2027, coincidiendo con el calendario para la venta de activos y desinversiones bancarias.
En conjunto, el Estado destinó 54.353 millones de euros en ayudas directas para rescatar nueve cajas de ahorros y bancos durante la crisis. A esto se sumaron 2.192 millones más entregados a fondo perdido para la puesta en marcha de Sareb. Hasta la fecha, se ha logrado recuperar poco más del 11% de estos fondos, lo que refleja la complejidad y el riesgo de estas intervenciones masivas en el sector privado.
El contraste con otros países europeos es notable. Por ejemplo, el Reino Unido completó su salida de NatWest en 2023, y durante este proceso recuperó alrededor de 35.000 millones de libras mediante dividendos y plusvalías de bancos como Lloyds, Northern Rock y Bradford & Bingley. A pesar de estas recuperaciones, la pérdida neta fue significativa, con 10.500 millones de libras en pérdidas netas sobre la inyección inicial, según datos oficiales.
El Frob, que cuenta con una estructura reducida de unos 40 empleados, se financia mediante una tasa que pagan las entidades financieras, rondando los 30 millones de euros anuales. Este modelo pretende mantener operativo el Fondo para administrar las complejas desinversiones pendientes y gestionar los casos judiciales vinculados a este período.
Recientemente, el Gobierno inició el proceso para nombrar un nuevo presidente del Frob ante la inminente salida de Álvaro López Barceló, que asumirá en septiembre el puesto de director ejecutivo alterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta renovación busca mantener la continuidad en una etapa crucial para la gestión del Fondo, en plena recta final del plan de devolución de ayudas y desinversión bancaria.
El desafío para España sigue siendo gigantesco: lograr maximizar la recuperación del dinero público usado para rescatar la banca y gestionar los activos problemáticos derivados de la crisis sin comprometer la estabilidad financiera ni el interés general. La agresividad en los procesos de venta y las valoraciones bursátiles serán claves para que el Estado logre superar las pérdidas y recupere una mayor parte de la inversión realizada hace más de una década.
Los próximos años serán decisivos para el desenlace de esta larga etapa de saneamiento financiero, que seguirá siendo objeto de debate en el futuro sobre la gestión pública del rescate bancario y sus consecuencias para la economía española.
Para más detalles, se puede consultar información oficial sobre las ayudas bancarias y la evolución del Frob en el Ministerio de Economía y Hacienda y los informes de CaixaBank.