El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Estado debe abonar 254,9 millones de euros a Endesa en concepto de indemnización por los costes adicionales que la compañía asumió para asegurar el suministro eléctrico en las islas Canarias y Baleares. Esta resolución impone a la Administración un plazo máximo de un mes para efectuar el pago, incluyendo intereses acumulados desde el año 2020.

El litigio surge por la regulación especial que se aplica a estos territorios insulares, donde los costes de generación eléctrica son superiores a los de la Península. Este incremento se debe, principalmente, a la dependencia de centrales que usan combustible fueloil, y a la volatilidad del precio del combustible que se refleja en las tarifas que las eléctricas soportan. Endesa reclamó la compensación por estas diferencias, recordando que el Estado debía asumirlas conforme a sentencias emitidas años atrás.

En julio de 2024, una sentencia ya declaró ilegal una orden ministerial de 2022 que regulaba las subastas para los combustibles en islas, lo que obligaba a ajustar los pagos a Endesa desde enero de 2020. Sin embargo, la ejecución de esta sentencia no prosperó y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) demoró la respuesta, sin tomar acción efectiva hasta casi un año después del fallo.

El Supremo ha censurado con dureza esta pasividad administrativa y ha recordado que en diciembre de 2025 concedió un plazo prudencial de tres meses para que el Ministerio definiera la cuantía y aprobara la regulación necesaria. Pese a esto, el Miteco volvió a incumplir sus obligaciones, atribuyendo la demora a la coordinación con Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por el magistrado Diego Córdoba Castroverde, ha ordenado el pago inmediato de la suma reclamada, rechazando los recursos del Estado que alegaban la incompetencia para fijar las compensaciones y la necesidad de que Red Eléctrica evaluara las cifras. El tribunal valoró plenamente el informe pericial elaborado por la consultora EY, encargado por Endesa, que calculó el importe a devolver.

Este informe, que el Estado intentó impugnar, fue considerado válido para determinar una cifra exacta que asciende a 254,9 millones y que incluye diferencias generadas por el desajuste en los precios del combustible y la logística en los territorios insulares.

Además de la compensación económica, el Supremo ha obligado al Miteco a actualizar en el plazo de un mes la regulación del precio de referencia del gas natural específicamente para Canarias y Melilla, apuntando a la necesidad de establecer un marco normativo que evite nuevos conflictos y garantice la estabilidad del suministro sin sobrecargas para las compañías eléctricas.

Expertos jurídicos comentan que el único recurso viable para la Administración sería argumentar un trastorno grave a la Hacienda Pública por el pago, aunque las posibilidades de prosperar en este recurso son escasas considerando el carácter firme de la sentencia.

Esta resolución supone un golpe para la Administración General del Estado, reflejando dificultades estructurales para gestionar las particularidades del suministro eléctrico en las islas y la necesidad de una gestión más ágil y transparente en los procesos regulatorios que afectan a las compañías energéticas.

Para entender mejor las implicaciones económicas y legales de este fallo, puede consultarse la información oficial en Expansión y los detalles regulatorios en la web del Ministerio para la Transición Ecológica.

El caso subraya la tensión entre las políticas públicas y la sostenibilidad económica del suministro eléctrico insular, un desafío recurrente que seguirá siendo foco de debate público y jurídico en España.