Holaluz, pionera en el mercado eléctrico liberalizado español, se encuentra al borde de perder su licencia comercial tras más de dos años de dificultades financieras. Esta situación ha llevado al Ministerio para la Transición Ecológica a iniciar el procedimiento formal para la extinción de su habilitación como comercializadora de electricidad.

La noticia ha llevado a BME Growth a suspender temporalmente la cotización de las acciones de Holaluz, cuya valoración rondaba los 27 millones de euros. La suspensión responde a la presencia de hechos que podrían afectar al funcionamiento normal de las operaciones bursátiles, según indicó Álvaro Castro, director de supervisión de este mercado.

Este proceso de retirada de licencia se fundamenta en que Holaluz no habría cumplido con sus obligaciones financieras, como los pagos a proveedores de energía o los peajes eléctricos necesarios para mantener la red de distribución. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha señalado que hasta ahora se han retirado 40 licencias por motivos similares, acumulando una deuda aproximada de 300 millones de euros. En caso de perder su licencia, Holaluz se situaría como el mayor caso dentro de esta lista.

Desde la compañía han comunicado que el procedimiento es un trámite regulatorio estándar y que mantienen su actividad comercial y el suministro a sus clientes con normalidad, remarcando que esperan una resolución en los próximos días conforme a los plazos legales.

La crisis de Holaluz comenzó a agravarse tras la volatilidad de los precios eléctricos derivada del conflicto en Ucrania. En 2024, la comercializadora estuvo cerca del colapso financiero, situación que evitó gracias a un plan de rescate respaldado fundamentalmente por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), entidad pública dependiente del Ministerio de Economía. El ICO avala aproximadamente el 70% de la deuda corporativa del grupo, situándose como su principal garante.

Este plan propició la entrada del fondo Icosium, que controla un 33% de la empresa, seguido por Axon Partners con un 11%. Los fundadores mantienen participaciones cercanas al 10% cada uno. A pesar de la mejora aparente, la consultora EY advirtió en 2025 sobre pérdidas significativas y la incertidumbre acerca de la capacidad de Holaluz para continuar operando, señalando una deuda total con entidades financieras cercana a 30 millones de euros, gran parte ligada a créditos del ICO.

El modelo de negocio de Holaluz, como otras comercializadoras independientes, obliga a comprar electricidad anticipadamente para su reventa, a través de infraestructuras ajenas que conllevan el pago de peajes. La rentabilidad depende de que los precios de compra sean inferiores a los de venta, algo que en contextos de alta volatilidad puede ser insostenible.

Por ello, la normativa actual exige que las comercializadoras presenten avales para cubrir los riesgos asociados a la compra de energía y al pago de peajes a operadores como Red Eléctrica o grandes compañías eléctricas. No obstante, la CNMC considera que estas garantías son insuficientes para prevenir el aumento de impagos que podría desestabilizar el sector, ya afectado por una deuda acumulada de 300 millones.

En diciembre de 2025, Holaluz mantenía garantías por valor de 64 millones frente a entidades reguladoras y grupos energéticos, pero también tenía facturas pendientes de pago por 15 millones. Este desequilibrio continúa generando incertidumbre sobre la viabilidad futura de la compañía.

La posible inhabilitación de Holaluz pone en evidencia los retos que afrontan las comercializadoras independientes en el mercado eléctrico español, donde la competencia con los grandes grupos y la volatilidad del mercado pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y el suministro eléctrico a los consumidores. El papel del ICO como principal avalista del grupo también plantea preguntas sobre la exposición del sector público a estas incertidumbres empresariales.

Este caso se suma a la problemática general del mercado eléctrico liberalizado, donde la regulación y el control de riesgos financieros están en el centro del debate para garantizar la seguridad del suministro y la estabilidad económica del sector.