El recién nombrado primer ministro británico, Andy Burnham, ha tomado una medida contundente para abordar la creciente crisis del coste de la vida en Reino Unido. A tan solo un día de asumir el cargo, anunció la eliminación temporal del IVA sobre la electricidad, recortándolo del 5% vigente al 0%. Esta iniciativa estará vigente desde el próximo 1 de octubre hasta abril de 2027 y busca aliviar la presión sobre los hogares, reduciendo en aproximadamente 53 euros anuales la factura eléctrica de cada familia.
Burnham justificó la decisión señalando que "Westminster no ha estado trabajando para la gente durante mucho tiempo" y que las familias británicas enfrentan un verdadero desafío para cubrir sus gastos básicos. Esta medida, enmarcada dentro de una estrategia más amplia para combatir el impacto inflacionario, pretende transmitir un mensaje claro de que el Gobierno laborista está comprometido con generar un efecto positivo inmediato en los bolsillos de los ciudadanos.
El coste estimado de esta reducción del IVA se sitúa en 850 millones de libras —aproximadamente mil millones de euros— para el ejercicio fiscal actual, que concluye en abril de 2027, según ha indicado el Gobierno. Esta rebaja se calcula que contribuirá a una reducción de una décima en la tasa de inflación, que actualmente se mantiene alrededor del 3%. El impacto en la inflación podría ser modesto, pero supone un alivio vital para muchos hogares en un contexto económico complejo.
Sobre el origen de los recursos para sostener esta medida, el Ejecutivo argumenta que se financiará con los fondos que dejarán de destinarse al proyecto de la digitalización del DNI, una iniciativa originalmente prevista para acumular 1.800 millones de libras en tres años y que ahora se cancela. Sin embargo, esta explicación ha generado controversia, ya que según Darren Jones, excolaborador del anterior primer ministro Keir Starmer y supervisor de la propuesta del DNI digital, nunca se asignó un presupuesto concreto o real para dicho programa, lo que pone en duda la efectividad de esa fuente de financiación.
Paralelamente, Burnham ha nombrado a John Healey como ministro de Hacienda. Healey, que fue titular de Defensa en el Gobierno de Starmer y dimitió en su momento, asume ahora el reto de encontrar cómo financiar las políticas sociales del nuevo Ejecutivo para proteger a la población frente al aumento generalizado de costes. Hoy se esperan más anuncios económicos que podrían incluir ajustes fiscales, aunque Burnham ha expresado su intención de respetar las reglas fiscales establecidas por el gobierno precedente, al menos inicialmente, durante la presentación del futuro presupuesto de otoño.
Esta reducción del IVA en la electricidad no es una medida inédita en Europa. En España, por ejemplo, el Gobierno de Pedro Sánchez también recurrió a esta estrategia para mitigar el impacto del aumento de precios en el sector energético. En 2021, tras el inicio del conflicto en Ucrania y el repunte inflacionario asociado, el IVA sobre la luz se rebajó del 21% al 10% y posteriormente, en 2022, se redujo aún más al 5%. Sin embargo, estas rebajas fueron temporales y el impuesto volvió a subir al 21% el pasado 1 de junio, en medio de nuevas tensiones internacionales que afectan los precios.
La dependencia energética y las fluctuaciones en los mercados globales han provocado que las facturas eléctricas se conviertan en un tema central para los gobiernos europeos. La guerra en Ucrania y sus repercusiones en los suministros, junto con desafíos estructurales en las políticas energéticas, han elevado la preocupación social y política en países como Reino Unido y España.
Burnham, además de esta medida coyuntural, anunció que presentará un plan de transformación nacional a diez años que, presumiblemente, abordará aspectos estructurales relacionados con energía, economía y bienestar social. Este compromiso, junto al programa de apoyo inmediato, intenta dar respuesta a una sociedad que demanda soluciones concretas frente al aumento del coste de la vida y la inflación persistente.
En el Reino Unido, la política energética y fiscal se enfrentan a tensiones internas y externas, con retos significativos para equilibrar gasto público, recaudación fiscales y apoyo social sin comprometer la estabilidad económica. La estrategia del nuevo Gobierno laborista de Burnham tendrá que navegar estas complejidades en un contexto donde la inflación comienza a moderarse pero sigue afectando el poder adquisitivo.
Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre las fuentes de financiación para estas medidas sociales y posibles incrementos impositivos, incluidas decisiones que podrían afectar a otros sectores económico-sociales. La respuesta de la sociedad y los mercados ante esta nueva política será clave para evaluar su sostenibilidad y alcance.
Este movimiento inicial de Burnham marca un cambio notable en la política fiscal energética del Reino Unido y refleja las presiones globales y locales para proteger a los consumidores en tiempos de incertidumbre económica. Mientras tanto, la experiencia y evolución de esta medida serán observadas con atención tanto dentro como fuera del país, dado su impacto en la dinámica económica y social más amplia.