El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una medida con la que el Ejecutivo calcula que alrededor de 500.000 personas podrán obtener una autorización de residencia y trabajo en España, afiliarse a la Seguridad Social y acceder a la tarjeta sanitaria en su comunidad autónoma. El proceso se podrá iniciar de forma telemática a partir del jueves 16 de abril, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y de forma presencial desde el 20 de abril.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz subrayó que la medida cuenta con «legitimidad social, política y económica», y que ha recibido el respaldo de organismos como el Consejo de Estado, aunque con matizaciones. El permiso de residencia y trabajo tendrá una vigencia inicial de un año, tras el cual los beneficiarios podrán integrarse en las figuras regulares previstas en el reglamento de la Ley de Extranjería, lo que, según el Gobierno, permite una incorporación «plena y progresiva» al sistema.
Cambios por el informe del Consejo de Estado
El texto aprobado este martes no es exactamente el que el Gobierno diseñó en un primer momento. El Consejo de Estado recomendó endurecer los requisitos relacionados con los antecedentes penales, y el Ejecutivo tuvo que modificar la norma en consecuencia. Antes de la reforma, en los casos en que los países de origen no enviaban a tiempo el certificado de antecedentes penales, bastaba con una declaración voluntaria del solicitante. Ahora, ese certificado es obligatorio en todos los casos sin excepción.
El Gobierno asegura que este cambio no alterará de forma significativa el número de personas que podrán acogerse a la regularización, ya que, según sostiene, la gran mayoría de los países sí remite esos documentos en plazo. Además, el Ejecutivo se compromete a ayudar a los solicitantes que tengan dificultades para obtener esa documentación por parte de sus países de origen, facilitando los trámites consulares necesarios.
El PP anuncia una ofensiva jurídica
La principal fuerza de la oposición ha anunciado acciones tanto en el ámbito jurídico como en el parlamentario para intentar frenar la medida. La posición del Partido Popular llama la atención porque en 2024 votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular que la impulsaba en el Congreso de los Diputados. Ahora, el partido argumenta que la regularización puede generar un «efecto llamada», que nadie sabe con exactitud cuántas personas se acogerán y que perjudica a quienes han seguido los cauces legales para obtener su situación regular.
Desde el PP señalan que cualquier proceso de regularización debería ser individualizado, estar vinculado directamente al empleo y tener requisitos muy estrictos. La vicesecretaria del partido, Alma Ezcurra, afirmó en una entrevista en Radio Nacional de España que «lanzar el mensaje de que la irregularidad tiene premio puede llevar a personas desesperadas a ponerse en manos de las mafias». El Gobierno, por su parte, respondió que el PP intentó que la Comisión Europea rechazara la norma, pero que Bruselas consideró que se trata de una decisión de soberanía nacional española.
Qué implica la medida para la economía y los servicios públicos
Más allá del debate político, la regularización tiene un impacto económico concreto. Incorporar a 500.000 personas al sistema contributivo implica nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, ingresos fiscales adicionales y una mayor formalización del mercado laboral en sectores donde la economía sumergida es especialmente alta, como la agricultura, la hostelería o el trabajo doméstico. La patronal y los sindicatos mayoritarios han apoyado la medida, al igual que la Iglesia católica, lo que contrasta con la posición del PP, que históricamente ha tenido en esas instituciones parte de su base de apoyo.
El presidente Pedro Sánchez defendió la regularización en una carta publicada en redes sociales, en la que recordó que la iniciativa fue impulsada durante años por más de 600 organizaciones y respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas a través de una iniciativa legislativa popular. Sánchez la calificó de acto de «normalización» y de «justicia» con personas que, según sus palabras, ya forman parte de la vida cotidiana del país.
El Gobierno insiste en que el diseño operativo del proceso busca que la regularización sea accesible para todos los que cumplan los requisitos sin que ello colapse los servicios públicos de atención. Los solicitantes que no puedan gestionar el trámite de forma digital podrán hacerlo presencialmente a partir del 20 de abril en las oficinas habilitadas para ello. La norma se enmarca en la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, una vía que el Consejo de Estado ha avalado como legal y ajustada a derecho.