El Gobierno español ha expresado su rechazo a que la Comisión Europea tenga potestad para vetar a proveedores de telecomunicaciones considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE. Esta postura se presentó durante el reciente Consejo de Ministros de Telecomunicaciones celebrado en Luxemburgo.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, sostuvo que la definición de proveedores de alto riesgo debe quedar en manos de los Estados miembros, puesto que afecta directamente a la seguridad nacional. La propuesta de la Comisión Europea en la nueva ley de Ciberseguridad (CSA) establece como obligatoria la exclusión de fabricantes chinos en las redes móviles, con un plazo de tres años para reemplazar sus equipos. Además, el veto se extendería a las redes fijas, satelitales y cables submarinos, aunque sin plazos definidos para estas últimas.

La Comisión Europea pretende así fortalecer la protección de las infraestructuras digitales frente a posibles riesgos de seguridad, considerando a Huawei y ZTE proveedores de alto riesgo por sus vínculos con el gobierno chino. La ley obligaría a los estados miembros a sustituir cuanto antes estos equipos, lo que supone un cambio importante respecto a las recomendaciones previas.

España se posiciona claramente en contra de esta medida supranacional. La cercanía política y comercial con China, reflejada en múltiples visitas de altos cargos españoles al gigante asiático, ha supuesto que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no considere a Huawei y ZTE como una amenaza que justifique vetos, a diferencia de la mayoría de países europeos.

En Europa, naciones como Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Portugal y varias situadas en la región báltica ya han impuesto vetos totales o parciales a estos proveedores en las redes móviles y los núcleos centrales de sus infraestructuras. Otros, como Alemania y Polonia, están implementando restricciones progresivas para limitar su presencia.

España, en cambio, mantiene una política más pragmática. En años anteriores, con José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Transformación Digital, se descartó la posibilidad de un veto rotundo. A pesar de la ley de Ciberseguridad en 5G establecida en 2020, que podría haber permitido catalogar a proveedores como de alto riesgo, el Ejecutivo no ha recurrido a estas medidas restrictivas.

Las grandes operadoras europeas como Telefónica, Deutsche Telekom y Orange respaldan esta visión que defiende la soberanía nacional en decisiones de seguridad digital. A través de su patronal Connect y la asociación GSMA, han señalado que los Estados deben evaluar por sí mismos los riesgos y las soluciones, ya que sustituir equipos chinos implicaría un coste millonario y complejas operaciones técnicas.

El debate sobre la exclusión o no de Huawei y ZTE en las redes europeas continúa, con una clara división entre la Comisión Europea y países como España. Mientras Bruselas busca una estrategia unificada y obligatoria para proteger la infraestructura digital de la Unión, el Ejecutivo español apuesta por una aproximación basada en la autonomía nacional y la cooperación bilateral, especialmente con países como China.

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y avances tecnológicos acelerados, estas decisiones tienen un impacto directo en el desarrollo del 5G y futuras redes, además de en las relaciones diplomáticas y comerciales de la Unión Europea. El enfoque de cada país hacia proveedores considerados de alto riesgo reflejará las distintas prioridades y equilibrios políticos internos.

El debate sigue abierto y el nuevo marco de la ley de Ciberseguridad europea se encuentra en fase de discusión, con posibles ajustes antes de su aprobación definitiva. España continuará defendiendo su postura en foros internacionales para preservar su capacidad de definir las cadenas de suministro digital conforme a sus intereses y evaluación de riesgos.

Para más detalles sobre la propuesta de la Comisión y las posiciones de los países, puede consultarse el informe oficial del Consejo de la UE disponible en consejo.europa.eu.

También puede revisarse el análisis de la patronal Connect y el comunicado conjunto con GSMA en expansion.com sobre la influencia de estas decisiones en la industria de las telecomunicaciones europeas.