España ha incrementado su gasto público hasta el 45,3% del PIB, un récord que supera en más de tres puntos el nivel de 2018, cuando el PSOE regresó al poder. Sin embargo, este aumento no se traduce en un mayor bienestar para los ciudadanos, según revela el Índice de Riqueza de las Naciones elaborado por el Warsaw Enterprise Institute junto a think tanks de distintos países, incluida la Fundación para el Avance de la Libertad en España.

Este índice sitúa a España en el puesto 22 de 40 países desarrollados en términos de bienestar, descendiendo dos posiciones en la última década. La paradoja se acumula cuando, a pesar del intenso gasto público, el retorno social percibido ha disminuido desde 2021. Esto es resultado del deterioro en la calidad del gasto en áreas clave como sanidad y educación, incluso cuando en paralelo la inversión en defensa y seguridad se ha incrementado, amortiguando la caída en otras partidas.

El gasto público en sanidad, que representa cerca del 20% del presupuesto, ha mostrado un empeoramiento en la calidad del servicio, evidenciado en el aumento de las listas de espera y la insatisfacción de los usuarios. También la educación pública atraviesa una dinámica preocupante. El gasto en educación escolar ha caído significativamente desde 2015, vinculándose con los mediocres resultados del informe PISA y un preocupante 16,6% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, porcentaje superior en cuatro puntos a la media de la OCDE.

Por otro lado, la educación universitaria y las infraestructuras públicas mantienen una calidad aceptable. La educación superior sigue teniendo un buen desempeño en parte gracias a la aportación del sector privado, aunque las recientes regulaciones del Gobierno pretenden limitar la proliferación de nuevos centros y dificultar la operación de los existentes. Respecto a infraestructuras, la llegada de fondos europeos NextGeneration ha impulsado el desarrollo, especialmente en tecnologías como la red 5G y en el transporte ferroviario de alta velocidad, pese a deficiencias en el mantenimiento.

A nivel internacional, países como Estados Unidos, Noruega y Suiza lideran el ranking de calidad del gasto público por el retorno directo a sus ciudadanos. En contraste, algunas economías como Rumanía y Grecia destacan por haber mejorado notablemente en la última década, ofreciendo un contraste evidente con España.

Un elemento clave que limita el crecimiento de la riqueza nacional es la elevada carga tributaria. España registra una presión fiscal del 36,7% del PIB, triplicando la media de la OCDE y superando en tres puntos el nivel de 2018. Este contexto fiscal restringe la inversión privada y el consumo de los hogares, factores esenciales para la generación de riqueza y prosperidad a largo plazo.

El resultado es una «congelación» de la participación privada en la economía, con una contribución per cápita que coloca a España en el puesto 23 entre 44 países, por detrás de otros países emergentes europeos como Rumanía o Eslovenia. En comparación, Estados Unidos duplica ampliamente esta cifra, reflejando un dinamismo mayor en el sector privado.

El informe advierte que la dependencia de los fondos europeos no puede sustituir la consolidación de capital interno, elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Así, la falta de equilibrio entre el gasto público y el estímulo a la economía privada amenaza con limitar las perspectivas futuras de prosperidad para los españoles.

En definitiva, el desafío para España es mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público, especialmente en áreas como sanidad y educación, mientras se alivia la presión fiscal para revitalizar al sector privado. Solo así podrá revertirse la tendencia negativa del bienestar en un contexto de mayor gasto estatal y elevar la posición del país en los indicadores internacionales de calidad de vida y riqueza.

Para profundizar en los datos, es recomendable consultar el Índice de Riqueza de las Naciones 2023 del WEI y los reportes de la OCDE sobre gasto público y tributación. También resultan ilustrativos los resultados del informe PISA 2018 de la OCDE.