Este sábado se cumplen dos años desde que Salvador Illa fue investido president de la Generalitat de Cataluña. Durante este tiempo, la administración catalana ha recuperado estabilidad institucional y ha concretado importantes acuerdos presupuestarios que avalan su gestión. Sin embargo, a pesar de avances económicos y mejoras en la interlocución con el sector empresarial, persisten preocupaciones sobre la política fiscal, la intervención en el mercado de la vivienda y las tensiones de un tablero político en plena evolución.
La economía catalana continúa con un pulso positivo. Según la Cámara de Comercio de Barcelona, la previsión del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025 se ha revisado al alza, apuntando a un crecimiento del 2,5%, superando en tres décimas la estimación de mayo. La afiliación a la Seguridad Social también alcanza cifras récord, superando en julio la barrera de los cuatro millones de trabajadores, un dato histórico para la comunidad autónoma.
En paralelo, el gasto público crece hasta casi 55.000 millones de euros, la cifra más elevada registrada en la Generalitat. Los presupuestos aprobados este año, con el apoyo de ERC y los Comunes, incorporan una inversión de 4.000 millones para impulsar la obra pública y recuperar concesiones. Este mayor gasto busca generar dinamismo económico, pero también añade presión sobre la deuda pública, que al cierre de 2025 podría alcanzar los 90.000 millones de euros, un nuevo máximo equivalente al 27,4% del PIB regional.
No obstante, una medida aprobada en el Congreso pretende aliviar esta carga mediante la asunción estatal del 20% de la deuda ligada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un acuerdo político derivado de la negociación de ERC con el Gobierno central. Este contexto económico se desenvuelve en un escenario marcado por infraestructuras pendientes, con la red ferroviaria de ancho ibérico en una situación de bloqueo desde enero y un bajo nivel de ejecución del presupuesto estatal destinado a inversiones en Cataluña, que apenas alcanza un 8,6% de lo previsto para 2025.
El panorama político refleja importantes transformaciones. Illa ha mantenido una línea basada en el diálogo y la colaboración con el resto de España, apostando por una gestión inclusiva. Sin embargo, los últimos sondeos indican que el PSC podría perder entre cuatro y seis escaños en futuras elecciones, mientras que la formación ultraderechista separatista Aliança Catalana experimentaría un crecimiento significativo, situándose como tercera fuerza parlamentaria. Este escenario abre incógnitas sobre posibles alianzas y la estabilidad política a corto plazo.
El debate sobre la vivienda sigue siendo la mayor inquietud social. Las reformas impulsadas por la Generalitat, con regulaciones más estrictas para la construcción y restricciones a grandes propietarios, enfrentan críticas incluso a nivel institucional. El Consejo de Garantías Estatutarias ha advertido posibles inconstitucionalidades, aunque sin carácter vinculante. A esto se suma la limitación de alquileres en más de 300 municipios, una medida que ha provocado una reducción del 40% en la obra nueva visada en Barcelona durante el primer semestre de 2025.
Además, la fiscalidad aplicada a los cruceristas, con la posible triplicación de tasas en Barcelona, genera inquietud en el sector turístico y empresarial. Este conjunto de medidas refleja la apuesta del Govern por hacer frente a la crisis habitacional, pero también alimenta el debate sobre el equilibrio entre regulación y desarrollo económico.
A pesar de los buenos indicadores macroeconómicos, aumentan los niveles de exclusión social, que rozan el 19% de la población. El PIB por habitante de Cataluña continúa por debajo de la media europea, situación que alimenta tensiones sociales. En este contexto, sectores como la educación y la sanidad anuncian jornadas de huelga ante las dificultades en la gestión y financiación.
En el ámbito educativo, Cataluña no podrá participar en el informe PISA de la OCDE debido a una incidencia técnica que implicó la exclusión de un número excesivo de alumnos de la evaluación. Este hecho ha sido un motivo de polémica y críticas internas, con apoyo público a la consellera de Educación, Esther Niubó, quien junto a las responsables de Salud y de áreas clave como agua, movilidad y vivienda enfrenta una presión creciente.
En resumen, el segundo aniversario de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat llega en un momento de estabilidad económica y política relativa, pero con importantes retos pendientes en vivienda, fiscalidad, infraestructuras y cohesión social, en un entorno político cambiante y con signos de posibles fracturas profundas.